Las pruebas PCR a todos los alumnos, los docentes, trabajadores de los centros y sus contactos en colegios e institutos de la Comunidad de Castilla y León cuando existe sospecha de que alguno de ellos pueda tener coronavirus están en manos privadas y no dependen de la red sanitaria pública.
Así lo recuerdan y denuncian algunas voces, desde Izquierda Unida de Castilla y León a sindicatos como Csif, que exigen un cambio en este criterio que deja en manos de dos mutuas, Cualtis y Quirón Prevención, la realización de los test en Valladolid.
La Junta de Castilla y León ha adjudicado estas labores a ambas compañías por un importe conjunto de 741.000 euros exclusivamente para cubrir esta tarea en el primer trimestre: a Cualtis le corresponden 428.169 euros y a Quirón Prevención 313.031 euros más durante este tiempo.
Por su lado, Izquierda Unida de la Comunidad asegura que carece de sentido privatizar la realización de pruebas PCR para que las realicen empresas que no tienen la solvencia ni la capacidad que tiene el sistema público de salud, por lo que, en coincidencia con el sindicato Csif, exigen que estas labores continúen estando en manos de Sacyl de la Junta.
Eso, recuerda la coalición, aparte incluso de que se tengan que ceder datos confidenciales a empresas, puesto que entienden que se podría dedicar el mencionado presupuesto a la contratación personal para la realización es este tipo de pruebas y que sus datos confidenciales dentro permanezcan en todo momento dentro del sistema público.
Por su parte, el responsable sanitario en la provincia leonesa de Csif, Carlos Javier Reguera, en declaraciones a Radio Bierzo, alerta que esta contratación indirecta puede provocar importantes retrasos en la obtención de unos resultados en los que celeridad es vital para tomar medidas de aislamiento y rastreo a tiempo para impedir que aumenten los contagios en el caso de aparecer un positivo.
Además, a la postre consideran que esta privatización sí acaba sobrecargando a la sanidad pública, dado que han confirmado que muchas familias finalmente acuden a sus respectivos centros de salud y médicos de familia o pediatras en busca de la máxima celeridad para la realización del test y no tener que esperar a que las mutuas lo resuelvan.
Muchas más voces en contra
La privatización también fue criticada en su día por los líderes autonómicos de Podemos, Pablo Fernández, y PSOE, Luis Tudanca, quienes criticaron que PP y Ciudadanos en la Junta "copien los peores vicios" de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y abogaron por que los más de 700.00 euros pudieran servir para contratar más personal y mejores medios para esas pruebas, para las que, por ejemplo, suele haber desabastecimiento de reactivos. UGT también clamó contra el "despropósito mayúsculo" de la privatización y exigió que la Junta constituya su propio Servicio de Prevención y Salud Laboral "en vez de derivar el dinero al bolsillo de los de siempre".
