Historico
CCOO y UGT rechazan la amenaza de Zapatero de reformar las pensiones al margen del diálogo social y llaman a la participación en la huelga general para obligarle a rectificar
CCOO y UGT contestan las declaraciones del Presidente del Gobierno en el Club Internacional de Prensa de Tokio, en las que dio por hecho que reformará las pensiones al margen de los sindicatos
1 de Septiembre de 2010
El Presidente del Gobierno y la Ministra de Economía vienen omitiendo en las últimas semanas referencias a su compromiso de abordar una futura reforma del sistema de pensiones a través del Diálogo Social, una vez concluyan los trabajos para la renovación del Pacto de Toledo entre los distintos grupos parlamentarios. Estas omisiones han venido siendo detectadas y denunciadas por ambos sindicatos que, además han resaltado su contradicción con las respuestas procedentes del Ministerio de Trabajo a los sucesivos emplazamientos sindicales para que se respete el marco de consenso en esta materia.
Finalmente ha aprovechado su estancia en Japón para hacer explícita su voluntad de promover una reforma del sistema de pensiones al margen del Diálogo Social, alejándose del marco de consenso derivado del Pacto de Toledo y avanzando un paso más en un lamentable proceso de distanciamiento del Gobierno de ese necesario marco de concertación político y social.
Con ello, el Presidente del Gobierno refuerza su amparo a las posiciones más agresivas en esta materia y parece renunciar al más que conveniente compromiso del conjunto de la Sociedad, pero muy especialmente de trabajadores y empresas en las actuaciones en materia de pensiones. No debemos olvidar que las pensiones contributivas son financiadas con los salarios, a través de las cotizaciones de empresas y trabajadores.
CCOO y UGT reiteran con este motivo su llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de este país para dar una respuesta clara a la deriva del Gobierno de afrontar la crisis a costa, fundamentalmente, de personas asalariadas y pensionistas. La participación masiva en la Huelga General del 29 de septiembre debe servir para que el Gobierno corrija la reforma laboral que ha puesto en marcha, pero servirá también para demostrarle que el camino emprendido de reformas unilaterales lesivas para trabajadores y trabajadoras es un error y le obligará a abordar, entre otras reformas necesarias, la del sistema de pensiones desde la concertación y el diálogo.
La necesaria reforma del sistema de pensiones debe ser abordada de forma global, actuando sobre un conjunto de medidas que incidan de manera adecuada sobre los ingresos y gastos del Sistema de Pensiones. Debe hacerse de manera concertada. UGT y CCOO reiteran su disposición a ello de manera inequívoca y manifiestan su compromiso de exigir que se celebre esa negociación y de abordar en ella tanto las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, como las que presenten las partes, desde un criterio de defensa del Sistema de Pensiones, de su sostenibilidad y refuerzo como elemento esencial en el sistema de protección social.
Destacan que la reforma laboral no camina en la dirección adecuada tampoco en relación con el sistema de pensiones. La calidad y cantidad del empleo son factores que determinan también la sostenibilidad y niveles de protección futura de nuestras pensiones. Facilitar y abaratar el despido, además de insistir en un modelo productivo basado en la precariedad y los bajos salarios, son contradictorios con mantener sistemas de protección social adecuados.
Por otra parte, CCOO y UGT han solicitado hace ya algunas semanas que se reanuden los trabajos de la Comisión de Seguimiento de Acuerdo de Pensiones de 2006 para culminar el desarrollo de los compromisos allí contraídos que aún están pendientes de desarrollo y que afectan a centenares de miles de trabajadoras y trabajadores del sector agrario y empleo de hogar, así como a personas que desarrollan trabajos especialmente tóxicos, insalubres, penosos y peligrosos. Esta situación constituye un incumplimiento del Gobierno de estos acuerdos suscritos en 2006, con perjuicio directo para los trabajadores y trabajadoras afectados.
Las dos organizaciones sindicales reiteran su firme voluntad de defensa de los intereses de los trabajadores desde la necesaria concertación y desde la movilización puesta en marcha para exigir una rectificación sustancial en las políticas económicas y sociales que el Gobierno está desarrollando en los últimos meses.
