Ambos sindicatos valoran que esta Iniciativa Legislativa Popular pueda ser una de las primeras que se aborde en las Cortes de la próxima legislatura. Una demanda sindical que responde a una emergencia social: garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo.
La prestación va dirigida a personas entre 18 y 65 años, que no reúnen las condiciones para otras prestaciones y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año por lo que se calculas que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas.
Se trata de poner en marcha un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, el 80% del IPREM, que aumentará en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantenga mientras la persona siga en esta situación.
Sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública

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