Así lo ha anunciado el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO de Madrid, Miguel Periáñez, que ha dado paso a la coordinadora del sector de Hostelería, Sheila Encinas, que ha explicado que los precios fijados están muy por debajo de los índices del mercado, lo que condiciona negativamente el volumen del empleo y las condiciones laborales.
No solo eso, el contrato considera esencial este servicio en caso de huelga, con lo que habría que fijar servicios mínimos. "Es inadmisible", critica Encinas.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez, ha señalado que este contrato es "un ejemplo de las peores prácticas sector", ya que promueve la precariedad laboral, el dumping empresarial y el autoritarismo. Y por si fuera poco favorece el consumo de alcohol en los centros de trabajo, algo que está prohibido con carácter general en la restauración colectiva.
Martínez denuncia las prisas con las que se quiere adjudicar este servicio, antes de que entre en vigor la Ley de Contratos del Estado, que ofrece mayores garantías, como la responsabilidad subsidiaria del contratista. A su juicio, las soluciones pasan por introducir cláusulas en los pliegos que respeten los convenios sectoriales y fijen un mínimo de plantilla que garantice la calidad del servicio.
La responsable del sector de Restauración Colectiva de CCOO de Madrid, Fabiola Guerra, ha denunciado el agravio comparativo en el servicio que se presta en el Congreso con respecto al que se presta en los centros de mayores, por poner un ejemplo, siendo la comparación desfavorable para los segundos.
Por último, Miguel Periáñez ha incidido en que la situación en la Cámara Baja es extensible por desgracia a otros centros de trabajo dependientes de la Administración, como pueden ser el aeropuerto o los ministerios.
