CCOO remitirá a todas sus organizaciones una circular en la que analiza la nueva iniciativa legislativa promovida por el Gobierno para modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que amplía el catálogo de conductas que serán objeto de sanciones económicas vinculadas, en particular, a la promoción o participación en manifestaciones o reuniones. En opinión del secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, la reforma anunciada limita las libertades ciudadanas y opta por incrementar la represión ante los conflictos sociales generados por la crisis, mientras se renuncia a la utilidad de las políticas públicas.
Para CCOO, el proyecto normativo, lejos de ofrecer cauces de integración y expresión del conflicto social, acude a la represión e incrementa el poder de la autoridad gubernativa, a la que se le ofrece la vía de las sanciones económicas desproporcionadas, como mecanismo para disuadir la protesta social; sanciones que podrán llegar a los 600.000 euros a los convocantes, promotores, difusores o participantes en actos públicos.
Resulta igualmente sorprendente e inaceptable, las restricciones impuestas a la grabación y difusión de imágenes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, cuestionando el derecho de la ciudadanía a una información veraz y negando la existencia gráfica de una prueba directamente relacionada con la posible intervención desproporcionada de las fuerzas de seguridad.
En opinión de CCOO estamos ante una reforma innecesaria que se ha elaborado en un marco de ausencia de transparencia y de verdadero debate público; una reforma en la que no se garantiza la objetividad, independencia y ausencia de injerencias políticas en el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión o manifestación. Resulta muy insuficiente el mecanismo de tutela judicial que solo opera una vez impuesta la sanción, y que coloca al ciudadano/a con la carga de promover un proceso sometido a costes económicos adicionales a la propia sanción, costes incrementados de forma igualmente arbitraria con la reforma impulsada por el propio Gobierno de la Ley de Tasas Judiciales, concluye CCOO.
Para CCOO, el proyecto normativo, lejos de ofrecer cauces de integración y expresión del conflicto social, acude a la represión e incrementa el poder de la autoridad gubernativa, a la que se le ofrece la vía de las sanciones económicas desproporcionadas, como mecanismo para disuadir la protesta social; sanciones que podrán llegar a los 600.000 euros a los convocantes, promotores, difusores o participantes en actos públicos.
Resulta igualmente sorprendente e inaceptable, las restricciones impuestas a la grabación y difusión de imágenes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, cuestionando el derecho de la ciudadanía a una información veraz y negando la existencia gráfica de una prueba directamente relacionada con la posible intervención desproporcionada de las fuerzas de seguridad.
En opinión de CCOO estamos ante una reforma innecesaria que se ha elaborado en un marco de ausencia de transparencia y de verdadero debate público; una reforma en la que no se garantiza la objetividad, independencia y ausencia de injerencias políticas en el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión o manifestación. Resulta muy insuficiente el mecanismo de tutela judicial que solo opera una vez impuesta la sanción, y que coloca al ciudadano/a con la carga de promover un proceso sometido a costes económicos adicionales a la propia sanción, costes incrementados de forma igualmente arbitraria con la reforma impulsada por el propio Gobierno de la Ley de Tasas Judiciales, concluye CCOO.
