Las pequeñas y medianas empresas del país sabrán de antemano cuando su banco les dejará sin financiación. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que la nueva ley Financiera que el Gobierno aprobará antes de acabar el año introducirá la obligatoriedad por parte de la banca de avisar con un mínimo de tres meses de antelación a las pymes que esté financiando cuando se disponga a cancelarles las líneas de crédito.
Se trata, según explicó el ministro, de permitir a las empresas buscar alternativas financieras y evitar, como sucede en ocasiones, que una puntual falta de liquidez lleve al cierre de la misma, más aún cuando la firma esté al día en el pago de intereses.
La nueva ley Financiera pretende ayudar a un tejido empresarial excesivamente dependiente del crédito bancario como el español a financiarse por otras vías, con el punto de vista puesto en los fondos de inversión, el capital riego y otras fórmulas de financiación alternativas.
Para ello, y dentro de esa nueva ley, se modificará la normativa que afecta a las instituciones de inversión colectiva (fondos y planes de pensión) y a los fondos de inversión con el fin de facilitar que esta fuente de financiación gane más peso. En concreto, y según avanzó a principios de este mes De Guindos, la nueva normativa, siguiendo las directivas europeos al respecto, facilitará la inversión de estas instituciones en las pymes.
Más medidas en busca de financiación
Además, el pasado 7 de octubre, y con el mismo objetivo, se puso en funcionamiento el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), parte de Bolsas y Mercados Españole (BME) y que las pymes podrán usar para emitir sus propios bonos y pagarés pero con unos requisitos de acceso más sencillos y menos costosos.
Junto a esto, el Banco de España ha redefinido el concepto de pequeña y mediana empresa, que hasta ahora eran aquellas con menos de 50 empleados, un máximo de 5,7 millones de facturación y 2,8 millones de activo. El supervisor ha elevado esos criterios a los 250 empleados, 50 millones de facturación y 43 millones de activos, lo que permitirá a los bancos conceder financiación a empresas más grandes sin ver penalizado su nivel de capital, pues las pymes consumen menos recursos.
