Para que se cumplan estos plazos, el Ejecutivo pretende negociar con los agentes sociales, a la vez discurre la tramitación parlamentaria de la reforma. Y, de hecho, el mismo viernes a mediodía casi a la misma hora sindicatos y empresarios están convocados en la sede del Ministerio de Empleo para verse con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
En ambos encuentros se discutirá sobre la propuesta del Gobierno, que consta de dos partes. La primera y la que más aleja la posibilidad de pacto consiste en desligar la actualización anual de las pensiones del IPC y ligarlo a una fórmula matemática que tiene en cuenta, sobre todo, la salud de las cuentas de la Seguridad Social, por lo que será una reforma que, por primera vez, afectará a todos los pensionistas (a los presentes y a los futuros).
Esta fórmula cuenta con un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%. A tenor de las previsiones económicas y de empleo, lo más probable es que esto se traduzca en importantes pérdidas de poder adquisitivo en los primeros años de no mediar ingresos extraordinarios para el instituto público. La segunda parte de la propuesta oficial consiste en ligar la pensión inicial a la esperanza de vida del jubilado en el momento de retirarse.
