La secretaría confederal de Acción Sindical de CCOO denuncia que el cambio que aprobó el Gobierno del PP en la reforma laboral de 2012 limitando el plazo máximo legal de ultraactividad de los convenios sólo busca fomentar la devaluación interna de la economía española mediante la reducción de los costes laborales. Con esta limitación ha puesto en manos de las empresas la posibilidad de sustituir el convenio de aplicación que hubiese vencido su vigencia y el periodo de ultraactividad tras la denuncia, por el convenio de ámbito superior si lo hubiese o en caso contrario por la aplicación de las normas mínimas de derecho necesario, aumentando así las posibilidades de flexibilización e individualización de las relaciones laborales en detrimento de las relaciones laborales colectivas y, en particular, del convenio como máximo exponente de la regulación colectiva.
CCOO hace constar que la previsión legal sólo opera en defecto de la voluntad de las partes que negocian los convenios que son quienes deben determinar el tiempo de la negociación y de la ultraactividad, y sigue en vigor la obligación de negociar de buena fe.
Desde principios de año la actividad negociadora se ha intensificado y tras la firma del Acuerdo sobre Ultraactividad de la Comisión de Seguimiento del II AENC, se han alcanzado un número muy importante de pactos bajo diversas formulaciones: firma del convenio, firma de prórroga o acuerdo parcial de extensión de la ultraactividad durante el periodo de negociación, tanto en convenios sectoriales como de empresa.
Esta misma senda de incentivar el acuerdo frente al conflicto, la han seguido las organizaciones empresariales y sindicales en la mayoría de los sectores y de las Comunidades Autónomas, siendo las excepciones más notables las que se están produciendo en buena parte de los sectores de actividad del ámbito privado en el País Vasco; en el sector público de la Comunidad de Madrid y en el sector de transportes de mercancías por carretera de Barcelona.
Así, a una semana del 7 de julio, los casos conocidos de patronales y empresas que han optado por hacer decaer el convenio colectivo representan, a juicio de CCOO, un número limitado respecto de los que parecían anunciarse en las muchas declaraciones del entorno de asesoramiento empresarial que proyectaban la idea de un decaimiento automático de todos los convenios denunciados en donde no se hubiese alcanzado un acuerdo de firma o prorroga antes del 7 de julio.
Según CCOO, en la mayoría de los casos conocidos hasta ahora las notificaciones afectan a convenios que cuentan con cláusula sobre ultraactividad establecida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, lo que comporta una grave irresponsabilidad empresarial que aboca al conflicto jurídico puesto que las cláusulas sobre ultraactividad acordadas entre las partes tienen plena validez legal, posición avalada por importantes juristas del Derecho del Trabajo.
Ante todo ello, CCOO manifiesta que dará respuesta sindical y jurídica a todas las anulaciones de convenios colectivos decididas unilateralmente por patronales o empresas, por lo que hace un llamamiento a las partes negociadoras de convenios que aún están pendientes de renovación a que mantengan la negociación hasta alcanzar un acuerdo o busquen la salida del conflicto por la vía del arbitraje voluntariamente acordado, y se pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras para asesorarles frente a los actos de las empresas que menoscaben sus derechos laborales.
