El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes varios acuerdos que autorizan la suscripción de convenios de colaboración con las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, para el control de la incapacidad temporal en el período 2013-2016. Los médicos de atención primaria inician y finalizan los procesos de incapacidad temporal, en la mayoría de los casos, mediante la expedición de los partes de alta y baja, mientras que la prestación económica es abonada por las entidades gestoras de la Seguridad Social o las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Así, se quiere dar más poder de decisión a las mutuas.
Cada vez son menos los trabajadores que ante un accidente laboral leve acuden a la mutua u optan por solicitar la baja correspondiente. Sobre todo por la incidencia de la reforma laboral en el ámbito del mercado laboral como consecuencia de las bajas laborales y la posibilidad del despido como consecuencia de la ausencia del trabajo por enfermedad común.
El problema a la hora de reformar la ley radica en que la competencia para las altas médicas a los trabajadores con una enfermedad común recae exclusivamente en los facultativos de la sanidad pública y los responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además, no todas las mutuas pueden tener la capacidad administrativa de otorgar altas médicas.
La reforma del Gobierno podría modificar aspectos burocráticos como la realización de partes de confirmación de la baja cada siete días o el plazo de quince días que poseen los facultativos de la sanidad pública para contestar a las propuestas de alta que realizan los médicos de las mutuas. Así, en lugar de los actuales partes de confirmación de bajas semanales, el Ministerio estudia que la mutua pueda elaborar su propio plan de confirmación de bajas en función de cada enfermedad. Incluso acortar el plazo para que los médicos de la sanidad pública contesten a las propuestas de alta de las mutuas.
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