La situación de una parte sustancial del sistema financiero en España, a pesar del esfuerzo por negarlo, es muy delicada y responde a una mala praxis de muchas entidades durante los años del boom inmobiliario con cierta laxitud en la supervisión. En España se mantuvo durante un tiempo el mensaje de que la banca no presentaba apenas dificultades para superar la grave coyuntura financiera. Así, se arbitraron mecanismos en forma de subastas de activos, así como fondos de préstamos, tratando de diferenciarse de la mayoría de países europeos o EEUU, donde se ha impuesto la nacionalización.
Bajo este paraguas de aparente neutralidad se esconde uno de los principales fracasos del supervisor en España, impensable en otros países, especialmente en los nórdicos: la falta absoluta de transparencia de las entidades, que ya se vio al intentar elaborar con el Catastro y el INE una estadística de precios que hubiese servido para valorar las carteras inmobiliarias y de suelo.
A esta falta de transparencia, clave en el caso sueco de los años 90 en el que lo primero que publicaron el supervisor y el Gobierno, antes de inyectar dinero, fue la radiografía de todo el sistema financiero, se une la benevolencia con los equipos gestores, que mantienen su posición, a diferencia de Suecia o Islandia. En estos casos, la primera premisa es la depuración de los gestores, coope-radores necesarios, junto a algunas decisiones del supervisor, para llevar a las entidades a una situación tan delicada.
El experimento de las fusiones frías ha provocado que se haya perdido mucho tiempo para solventar los problemas y ha avivado un triste espectáculo de luchas de poder entre los equipos fusionados, con la aquiescencia del Ejecutivo y del supervisor. Los últimos episodios con Banco Base revelan con toda crudeza estas malas prácticas, falta de transparencia, luchas de poder y también un escaparate de la política de inversiones del pasado.
El endurecimiento de capitalización, hasta el 10% del corecapital, y la creación de bancos malos tampoco supone un avance en la solución del núcleo del problema financiero. Sigue sin dilucidarse quién debe pagar la deuda. Algunos países, como Suecia, pero también Islandia, optaron por repartir la carga entre deudores y acreedores. No es de recibo que sólo los deudores deban pagar, casi siempre con dinero público, los desmanes de muchas entidades y la falta de supervisión efectiva.
Frente a este intento de seguir alimentando al enfermo
(con el FROB), se podría haber puesto en marcha otra estrategia. En
primer lugar, y con máxima transparencia, se debería haber dado a
conocer la realidad de todo el sistema. En segundo lugar, haber
descabalgado a todos los equipos gestores y, en tercer lugar, haber
aprovechado para transformar en bancos públicos a aquellas entidades que
de verdad no pueden continuar. Junto a esto, el sector público debería
haber adquirido buena parte del parque inmobiliario ocioso y
sobrevalorado y mediante una quita de, al menos el 50 o el 60% en el
precio, haber creado un gran parque público de alquiler de vivienda.
Esta doble operación permitiría liberar buena parte de los activos
tóxicos que restringen la liquidez (y que sólo las entidades muy
solventes puedan seguir funcionando) y crear un mecanismo de provisión
de crédito para actividades muy determinadas, como el emprendimiento,
cultura, servicios sociales tutelados o innovación, a las que el sector
privado no atiende. La comparación entre las dos estrategias muestra una
ganancia de eficiencia, equidad, transparencia y especialmente liquidez
y solvencia para un verdadero cambio de modelo productivo.
ALEJANDRO INURRIETA* Economista jefe de 'Lorenzo Dávila EAFI'
