La negociación colectiva en las empresas multiservicios. Un balance crítico


Las Empresas Multiservicios (EMS) son compañías cuya actividad consiste de forma genérica en prestar una pluralidad de servicios normalmente con carácter permanente a terceros, aportando el personal necesario para ello y que por lo general desarrolla sus cometidos en las instalaciones de la empresa cliente. Es decir, las empresas multiservicios no constituyen un sector de actividad, sino que son una forma de organización empresarial para la prestación de servicios a terceros.



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La emergencia de este fenómeno en España se remonta a los años 90 y se explica, en buena medida, como una reacción empresarial ante la mejora legal del estatuto jurídico de las/os trabajadoras/es cedidas/os por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Ello contribuyó a potenciar la configuración de estas prestaciones de servicios a través de fórmulas de externalización, más que a través del recurso a las ETT.

Desde entonces se ha registrado un creciente aumento de las EMS así como de una mayor complejidad de su realidad, coexistiendo en la actualidad un reducido número de empresas de gran tamaño y ámbito estatal con un amplio y heterogéneo conjunto de pequeñas empresas, con un ámbito geográfico de actuación más reducido y en proceso de expansión. A ello se suma además un progresivo aumento del ámbito funcional de estas empresas, de modo que la externalización de servicios se extiende a cada vez más tipos de actividades y sectores.

Un factor que ha contribuido al auge de las EMS lo constituye la falta de adecuación de la normativa a este fenómeno. Este limbo legal ha favorecido la proliferación de empresas cuya competitividad se sustenta en el abaratamiento de los precios de los servicios contratados, vía reducción de los costes laborales. Esta estrategia se ha desarrollado básicamente mediante la inaplicación del salario y otras condiciones de trabajo reguladas en los convenios colectivos sectoriales aplicables a la EMS. Unos convenios cuya delimitación -atendiendo a los principios jurídicos de especialidad funcional o unidad de empresa, según los casos- presenta, por lo demás, una cierta dificultad.

La reforma laboral de 2012 ha contribuido a agravar esta situación, al establecer la prioridad aplicativa de los convenios de empresas respecto a los convenios de ámbito superior en relación a determinadas materias.

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