CCOO propone crear una comisión de investigación Congreso-Senado sobre el sector financiero

Declaración de CCOO en relación al sector financiero.

CCOO exige rapidez y precisión para reestructurar el sector financiero de forma eficiente, transparente y justa, y que conlleve la determinación de las responsabilidades que corresponden en cada caso.

Un modelo de negocio en el que los gestores han asumido riesgos excesivos e incurrido en prácticas nocivas, unido a una inadecuada supervisión y regulación de los mercados financieros está en la base de la crisis financiera actual.

La escasez de crédito es un obstáculo determinante para reactivar la economía y el consumo. En España el crédito comercial a las empresas desde 2008 se ha reducido a la mitad, contribuyendo a destruir miles de empresas y puestos de trabajo.

En España la intervención ha sido tibia e inadecuada hasta 2012 (cuatro reformas que se han demostrado ineficaces hasta ahora). Finalmente el rescate y recapitalización del sector financiero, con cuatro años de retraso, hace la solución más costosa para afrontar las consecuencias del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria.

El sector financiero español se ha sobredimensionado en la última década, lo ha hecho a crédito, agravando la dependencia de financiación externa (el saldo vivo de cédulas hipotecarias es de más de 730.000 millones de euros, el doble de la existente en 2003). La gran concentración de préstamos hipotecarios y la obligada refinanciación de deuda con el exterior, agravan los efectos de la crisis y provoca el cierre y destrucción de miles de oficinas y puestos de trabajo, entre otras razones, por la desaparición del crédito al circulante de las empresas más pequeñas.

La necesaria aportación de recursos públicos, ante la insuficiente aportación privada, para capitalizar estas entidades, consume grandes cantidades de dinero público, de forma similar a como lo han hecho otros países, si bien antes que España, especialmente EEUU y Europa (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,), y probablemente algunos de ellos tendrán que volver a hacerlo dado el impacto que en sus bancos aún mantienen activos tóxicos como los que activaron la crisis financiera internacional. Esta realidad hace necesaria la contribución de la Unión Europea en un marco de reestructuración del sector financiero europeo, no sólo español.

La intervención del Estado en el sector financiero provoca cambios sustanciales en él. Han desaparecido, de hecho, la casi totalidad de cajas de ahorros, que se han concentrado y transformado en bancos. A ello se une la nacionalización de un conjunto de entidades cuyo proceso de concentración se ha tornado inviable en la situación actual. Se configura así una titularidad pública (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), de dimensión muy relevante tras la nacionalización de Bankia (a través del Banco Financiero y de Ahorros). El coste de la nacionalización es mayor al asumir el saneamiento de estas entidades.

La utilización de cifras millonarias para sanear al sector financiero, en un marco de ajuste presupuestario que afecta a servicios básicos y estratégicos, no se acompaña de la necesaria transparencia ni de una adecuada exigencia de responsabilidades a los gestores, supervisores, auditores, y, en su caso, administradores. Tampoco se visualizan claramente las medidas y procedimientos mediante los cuales los fondos públicos destinados a este fin van a ser restituidos.

El modelo de cajas de ahorros, herramienta esencial de inclusión financiera para amplias capas de la población y territorios que despertaban menor interés en los bancos tradicionales, ha sido en su mayor parte destruido en esta crisis. La incapacidad en la gestión en unos casos, la miopía de gobiernos autonómicos y sectores económicos, que impidió actuar a tiempo y con criterio adecuado en los procesos de concentración y reestructuración societaria, y, sin duda, la presión para acabar con ese modelo societario por parte de instituciones internacionales, así como la falta de voluntad política de los gobiernos por preservar las cajas, con el apoyo tácito del Banco de España, han resultado obstáculos insalvables en la mayoría de los casos, dando satisfacción a demandas interesadas del resto del sector financiero que contempla como se eliminan y pueden absorber competidores.

Un resultado perverso de todo lo anterior es la reducción, en algunos casos desaparición, dela Obra Socialde las Cajas de Ahorros que llegó a superar los 2.000 millones de Euros anuales, con el consiguiente deterioro de actividad asistencial y cultural que no está siendo reemplazada por actuaciones públicas, más aún en el entorno actual de recortes y ajustes presupuestarios.

En ese marco, es preciso promover una reforma eficaz y justa del sistema financiero, que refuerce el control y supervisión público, que se establezcan sistemas de regulación más eficaces, así como se pongan en marcha medidas fiscales con los que las entidades financieras restablezcan los recursos públicos aportados a la reestructuración e incentiven un modelo de negocio socialmente responsable y sostenible. Asimismo es preciso establecer las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido.

Reactivar el crédito es básico, pese al reto de reducción de deuda, especialmente privada, que tiene la sociedad española. Es necesario poder financiar proyectos empresariales viables. Exigir más provisiones al sector es insuficiente, retiene recursos, minorando la oferta de crédito solvente, y se torna contraproducente para la rentabilidad y valoración de los mercados lo que contribuye a una mayor exposición y vulnerabilidad frente a operaciones hostiles.

Recapitalizar con dinero público las entidades financieras que lo precisen es inevitable y condición necesaria, no suficiente, para mejorar el crédito en la economía española y la cuota de mercado de las empresas. Normalizar el crédito ayuda a controlar precios de bienes y servicios.

El empleo en el sector financiero es una prioridad para CCOO. La necesaria reestructuración del sector y las condiciones que se van a exigir como contrapartidas a la financiación europea del rescate bancario, deben realizarse con el mayor respeto al empleo y empleabilidad de las plantillas afectadas. Por ello exigimos la puesta en marcha de un Contrato Social que garantice la adopción de medidas pactadas con la representación de los trabajadores, tal y como se desarrollaron las sucesivas reestructuraciones sectoriales desde los años 80 del siglo pasado.

También son prioritarios los derechos de las personas que han invertido sus ahorros en participaciones preferentes o acciones de las nuevas entidades cotizadas, que han comercializado las primeras o colocado las segundas sin la transparencia e información adecuadas sobre la situación real de las mismas.

Esta falta de transparencia se ha producido hacia los clientes e inversores, a través de trabajadores y trabajadoras de las entidades que tampoco disponían de la información real sobre la situación de sus respectivas entidades.

Por ello, anunciamos nuestra voluntad de ejercer todas las acciones a nuestro alcance para defender los intereses de las plantillas afectadas, los clientes e inversores de buena fe que han visto quebrantada su confianza en estas instituciones y del patrimonio social de las mismas.

PROPUESTAS DE CCOO PARA UNA REESTRUCTURACIÓN TRANSPARENTE Y JUSTA DEL SECTOR FINANCIERO

- Recapitalización del sector financiero en España y en Europa: Ese esfuerzo de recapitalización debe contar con financiación europea a través de los mecanismos de estabilidad financiera constituidos, para devolver al sistema financiero europeo el ritmo de comportamiento perdido desde 2008.

- El sector debe contribuir de manera decisiva a financiar el coste de capitalización de las entidades que lo precisan. Así se hizo en la crisis bancaria de los 80 y 90.

- El papel de una banca pública bien gestionada: El consumo ingente de recursos públicos para sanear el sector, es una ocasión para mantener una parte del mismo bajo titularidad pública, con red de oficinas suficiente y personal especializado para actuar como intermediario financiero en España. La nacionalización de entidades hace al Estado propietario o accionista mayoritario, lo que puede y debe permitir que sea operador público en un sector estratégico, cuyo funcionamiento fallido en estos años ha generado graves daños en nuestra economía. Con ello se dota al Estado de mecanismos de actuación económica ante situaciones de restricción crediticia, exigiendo un control de riesgos y gestión profesional y de calidad que garantice la solvencia y retornos adecuados al capital público aportado, así como la mayor garantía de los derechos de los depositantes.

- Recuperación del esfuerzo público realizado: En todo caso, si el Gobierno, como anuncia, finalmente vuelve a privatizar las entidades nacionalizadas, debe evitar que el conjunto de los ciudadanos asuma con sus impuestos el coste de la reestructuración sectorial recuperando lo aportado en su integridad o en el máximo nivel posible. Para ello, hay diversos mecanismos, entre ellos: los costes financieros por la concesión de avales, préstamos o garantías otorgadas por el Estado; un incremento suficiente de la aportación del conjunto del sector al Fondo de Garantía de Depósitos, para que a través de éste y en un plazo razonable devuelvan al Estado las aportaciones realizadas; el establecimiento de una tasa sobre actividades financieras para constituir fondos que prevengan el coste de las crisis bancarias; venta de activos inmobiliarios u otros activos o participaciones societarias de entidades nacionalizadas, considerando al hacerlo la importancia estratégica de las mismas.

La posible constitución de un banco malo con la segregación de los activos inmobiliarios dañados, más allá de la técnica financiera que comporta como medida de saneamiento, no debe aumentar el coste de la recapitalización y debe ser una oportunidad, junto con otros incentivos fiscales, para promover un nuevo modelo de acceso a la vivienda en España, fundamentalmente en régimen de alquiler. Lo cual influiría decisivamente también en no volver a repetir modelos de crecimiento del crédito que se han demostrado socialmente insostenibles.

Utilizar recursos públicos debe ir unido a la depuración de responsabilidades de gestores, auditores y supervisores responsables de la actual situación. Se debe limitar la retribución de directivos e impedir el reparto de dividendos mientras existan necesidades de capital y/o de retorno de la inversión pública realizada.

- Comisión de Investigación Congreso-Senado: La gestión de la crisis financiera de un buen número de cajas de ahorros, se caracteriza, además de por la mala gestión del riesgo en la que se incurre desde 2002, con la inhibición, cuando no el beneplácito del supervisor (Banco de España) y la ausencia de papel alguno por parte de las comunidades autónomas, por la improvisación, vaivenes legislativos, fallos de supervisión, auditorias a conveniencia, en resumen OPACIDAD.

Opacidad en gran medida ante los propios órganos de gobierno. Opacidad de las decisiones de los primeros ejecutivos (los gestores), los supervisores, los gobernantes y los auditores que en permanente conversación subterránea, unas veces en connivencia y otras, sobre todo los últimos tres años, en disputa, han diseñado la reestructuración del sector: reforma de la LORCA, inventos como los Sistemas Institucionales de Protección SIPs, fusiones inadecuadas y tóxicas entre instituciones, cambios regulatorios, emisión de preferentes, salidas a bolsa de forma y en momento que se han demostrado inadecuados, entre otras decisiones.

Proponemos la creación de una Comisión de investigación Congreso-Senado con plazo cierto y criterios de actuación consensuados. No puede ser un ámbito mas de confrontación política, debe ser una verdadera comisión de investigación que permita determinar responsabilidades reales, de forma adecuada, equilibrada y exigente, sin perjuicio de las iniciativas jurisdiccionales que se han puesto en marcha.

Ha de cumplir la misión de dar cauce a una indignación ciudadana creciente y, sobre todo, a la legitimación de las políticas a adoptar y a los cambios legislativos a promover, así como solucionar problemas sociales de primer orden como preservar el Ahorro de los clientes (dar soluciones adecuadas a la emisión y colocación de Preferentes o a salidas a bolsa que hoy aparecen como claramente inadecuadas), además de abordar los desahucios de personas que se ven expulsadas de sus casas por las deudas contraídas para adquirirlas.

Deben implicarse las dos cámaras legislativas. Las conclusiones han de incorporarse a la legislación con el mayor consenso posible. Resulta conveniente implicar al Senado, la cámara que pretende representar los intereses territoriales tan relacionados con las cajas de ahorros por las importantes competencias delegadas en las comunidades autónomas: como reguladores, exclusivos en algunas materias; y como supervisores, compartidos con el Banco de España, en otras. También para abordar este proceso garantizando la igualdad trato y la unidad de mercado, en materias como el mantenimiento o transformación de las cajas de ahorros preexistentes, en su caso, la regulación de las Fundaciones provenientes de cajas de ahorros a extinguir, las soluciones a los problemas derivados de los desahucios o, desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, las soluciones a la emisión de preferentes y salidas a bolsa, entre otros.

Se trata de intentar alcanzar un diagnóstico lo más compartido posible de la evolución del sector y las consecuencias de determinadas prácticas y modelos de negocio, que es tanto como decir, modelos de gestión. Porque esa es la clave que permite diferenciar resultados y responsables. Las responsabilidades (están muy repartidas, pero unos agentes tienen más que otros, también durante los distintos periodos, unos más en la gestación de los problemas, otros más en la gestión de las soluciones,...)

- Traslado a la fiscalía de los informes de la inspección del Banco de España: CCOO se ha dirigido en marzo de 2012 a los organismos que componen el FROB (Dirección General de Tributos, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores) para que se impliquen en la depuración de responsabilidades de las entidades intervenidas y dieran traslado a la Fiscalía Generaldel Estado de las conclusiones de los informes de la inspección del Banco de España en las empresas intervenidas.

- Las conclusiones deben orientar los cambios legislativos a promover en materia de Gobierno Corporativo, Regulación de Mercados, arquitectura y competencias de los Supervisores, papel de los Auditores y medidas fiscales.

- Exigimos, asimismo, transparencia y delimitar responsabilidades: de los gestores; de los supervisores (BdE, CNMV y CCAA); de los Auditores, cooperadores necesarios que han mostrado a los administradores su conformidad con los datos presentados por los gestores y han mostrado malas prácticas que deben ser depuradas; y de los Consejos de Administración, en proporción a la influencia en la gestión y los problemas detectados: información insuficiente, incapacidad para influir,...

Gestores: En ellos reside, sin duda, la máxima responsabilidad sobre la gestión de las entidades financieras, el impulso de un modelo de negocio basado en el crecimiento a toda costa descuidando, cuando no ignorando, el imprescindible control de riesgos. Su responsabilidad abarca también a la información suministrada a terceros, supervisores, auditores, consejos de administración y, muy especialmente, a los clientes e inversores.

Supervisores y reguladores: Es preciso revisar la arquitectura y competencias de los reguladores y los supervisores para garantizar su eficacia y elevar el nivel de exigencia hacia los mismos.

Auditores: Se puso de manifiesto en los casos Enron y Parmalat, pero se han vuelto a poner de manifiesto en nuestra crisis (Deloitte audita a Bancaja y Caja Madrid durante años, sin salvedades, da el visto bueno a las salidas a bolsa de Bankia y a la segregación de activos del SIP y, meses después, ve desfases contables que hasta ese momento no había detectado y sobre los que no había informado, al menos, al Consejo de Administración). Hay que establecer reglas de permanencia en los grupos, conflictos de interés, contrastes de otras firmas, responsabilidades en las que incurren,...

Consejos de Administración:Se fija la atención en estos órganos que, por supuesto, tienen responsabilidad, pero no exclusiva, y a la vista de los acontecimientos, ni siquiera la principal. Se demuestra en este proceso que se han visto privados de gran parte de la información y, en ocasiones, han podido ser hasta objeto de manipulación.

Se acredita una vez más, que la separación entre propiedad económica (accionistas) o participación social (en el caso de las cajas de ahorros), de un lado, y gestores (directivos), de otro, padece un mal funcionamiento estructural que dificulta el adecuado control de los gestores por los órganos de administración. Esto influye en que, en ocasiones, no haya sido más efectiva nuestra presencia, por otro lado minoritaria, en esos órganos de gobierno.

No obstante, proliferan voces que intentan relacionar la presencia de representantes de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, impositores y otras entidades representativas, con la situación del sector financiero, ignorando que esta es la misma en entidades con buena gestión acreditada y en otras que presentan problemas y/o han sido objeto de intervención.

Reivindicamos el trabajo desarrollado en los órganos de administración de entidades financieras, dentro de las limitaciones que han tenido que afrontar nuestros representantes. Sabemos que la actuación en estos órganos es mejorable en algunos casos, pero la calidad del trabajo de nuestros representantes no es menor, en modo alguno, de la que acreditan los miembros de consejos de administración de entidades cotizadas y sociedades anónimas en las que no están los trabajadores. Estos problemas son comunes a las estructuras societarias de carácter mercantil. Por ello, además de mejorar nuestra actuación, hay que modificar también la normativa de aplicación para garantizar que estos órganos cumplen su función.

- Necesidad de actuaciones que mejoren la legislación actual sobre Gobierno Corporativo, y promuevan cambios en el comportamiento (buena parte de los problemas están más en los usos y costumbres que en la legislación, por eso es tan importante la Responsabilidad Social Empresarial)

Necesitamos normas y regulación de consejos que mejoren la transparencia y la información, haciendo de los códigos de buen gobierno algo más que autorregulaciones y compromisos voluntarios. Capacidad de decisión que sirva para limitar de forma efectiva la discrecionalidad de los gestores. Extender estos criterios a sociedades cotizadas, o no, cuando haya múltiples socios o grupos de interés. El problema acreditado en las cajas de ahorros no es exclusivo de ellas, es el mismo que se ha producido en los bancos españoles en las crisis anteriores o en bancos internacionales en la crisis actual y puede darse en empresas de todos los sectores.

- Por último, modificación de medidas impositivas que garanticen una adecuada contribución del sector financiero al Erario Público como garantía de restitución y/o rentabilización del dinero público aportado. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades no puede ser el 14%, como lo fue en el periodo de mayor crecimiento de los beneficios, ni el 8% que actualmente declaran alguna de las entidades más solventes. Se debe introducir, a nivel europeo, el Impuesto de Transacciones Financieras, como medida que desincentive y/o grave, en su caso, las operaciones más especulativas. Asimismo, aunque no sea estrictamente fiscal, se han de revisar todo lo concerniente las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósito pues ha sido y debe ser el instrumento a través del cual se restablezcan las cantidades con las que el dinero público está financiando la reestructuración del sector financiero.

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