Al cierre del primer cuatrimestre del año, nos encontramos una vez más con una sorpresa poco grata: el sistema de medición de objetivos relacionados con la Gestión Discrecional de Carteras (GDC) ha cambiado de criterio… ¡otra vez! Ahora, no se mide por lo contratado, como sí se hace con los Fondos de Inversión, sino por el valor de mercado.

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La Junta General de Accionistas (JGA) es uno de los principales órganos de gobierno de las empresas, donde se somete a votación la aprobación o no de temas tan importantes como las cuentas anuales, la gestión social realizada, los nombramiento, las retribuciones, etc.

En esta JGA, donde, entre otros asuntos, se tenía que renovar el mandato de Ana Botín como Presidenta o del CEO Héctor Grisi, se ha decidido celebrar exclusivamente de forma telemática, dificultando las interpelaciones de las personas accionistas que, para poder exponer nuestra valoración respecto a la gestión de la empresa, debíamos cumplir con una serie de estrictos procedimientos y requisitos en un reducido plazo de 2 días.

Pese a cumplir con todas ellas, Banco Santander, en un intento de silenciar las críticas a su gestión, ha vulnerado nuestro derecho de réplica al decidir no emitir las intervenciones y responder de manera superficial.

Parece que a Banco Santander no le gusta que las principales organizaciones sindicales de la empresa, CCOO, FITC, UGT y CGT, que representamos a más del 91% la plantilla de la entidad, manifestemos, públicamente y ante la Presidenta, la realidad del día a día de la plantilla:

• Presiones insostenibles que generan problemas de salud mental como estrés o ansiedad
• Un sistema de objetivos opaco y orientado al producto
• Escasez de plantilla
• Un sistema de retribución poco atractivo
• Constante pérdida de talento.