La mayoría del Parlament da la espalda al sector turístico. Ramón González Monroy

El pasado 18 de septiembre se produjo un hecho en el Parlament de Catalunya que no ha tenido trascendencia informativa, pero que pone de manifiesto la confrontación entre el discurso público y la acción política concreta, cuando hay que tomar una decisión. El grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem presentó al plenario una moción llamada 'Pacte Nacional per un turisme sostenible'. La moción planteaba que el sector turístico requiere una estrategia global de país, más allá del corto plazo, para la supervivencia y mejora del tejido empresarial, la cobertura de las personas trabajadoras del sector, y el necesario planteamiento de alternativas de sostenibilidad y diversificación en distintos niveles. La moción no prosperó, al recibir el voto en contra de los grupos mayoritarios de la cámara, JxC y ERC, la abstención de la CUP, votando a favor PP, Cs, PSC y el grupo promotor de la misma. Es una contradicción de primer orden, por un lado grandes declaraciones de soporte a la empresa y el sector por parte del Govern, convocatorias de ayudas incluidas; y por otro, oposición a una propuesta de viabilidad y adaptabilidad del sector. El sector turístico no se merecía este menosprecio y visión chata de la realidad. El turismo es el principal sector económico en términos de PIB y en volumen de empleo. Por lo tanto un motor directo e indirecto de demanda de bienes y servicios en el resto de segmentos de la economía, siendo especialmente grave el impacto que tendrá sobre el comercio, el segundo sector productivo catalán, la ausencia de gran parte de los 21.400 millones de euros que los turistas ponen en circulación en gasto directo en el sistema. En Catalunya, 700.000 empleos, en una estimación conservadora entre directos e indirectos, dependen de la actividad turística. Dos millones de personas en promedio mensual visitan el país. Pongamos en relación ese nivel de visitantes con la población local, y valoremos el peso de su ausencia. Literalmente, el 21% de consumidores, si hablamos en términos de mercado, se ha reducido súbita y drásticamente. Y estas magnitudes aún alcanzan mayor gravedad en los territorios en el que la población visitante aún es mayor comparada con la residente. Especialmente llamativo es la proporción en Girona, con el 43%; y en Tarragona con el 31%. Es fácil concluir las consecuencias para el empleo que la inactividad turística tendrá en estos dos territorios; los efectos que sobre la demanda tendrá la ausencia de tal volumen de consumidores. Este contexto, de extrema dificultad, va a suponer una prueba de resistencia para las empresas del sector y su fuerza de trabajo, que todo parece indicar que se puede extender hasta la temporada 2021. Hay que actuar con visión global y presteza desde los poderes públicos a todos los niveles, central y autonómico. Favorecer la viabilidad de las empresas, ampliando las medidas de financiación que sean necesarias para tal fin; facilitar y extender prestaciones económicas para los profesionales del sector, con especial atención a los fijos discontinuos, el tiempo necesario que se requiera para normalizar la actividad. Si no hay reflejos ante esta situación, si no se extienden las coberturas de desempleo, si además no se agiliza la puesta en marcha de las coberturas del ingreso mínimo vital y la renda garantizada de ciudadanía, estaremos ante un riesgo de pauperización, especialmente grave además en algunas partes del territorio, del que será mucho más costoso recuperarse a posteriori. Ramón González Monroy - ElPeriodico – 24/09/20

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