En el transcurso de la crisis financiera y después con la pandemia, el negocio de la banca ha estado traspasada por decisiones de índole política, de política económica.
Más allá de la inyección pública de capital (más de 60.000 millones de euros), son reglas fiscales también las que han rebajado la contribución del sector durante más de una década. Grosso modo, ello se debe a los créditos fiscales de los costes de reestructuración derivados de dicha crisis. Un auténtico “peaje en sombra” para el conjunto de la ciudadanía, y explica por qué se ha hundido la contribución de estas empresas, y otras del Ibex, en la recaudación del Impuesto de Sociedades.
Son decisiones del Banco Central Europeo (BCE) las que han “sujetado” el negocio bancario, compensando los tipos de interés negativos y, por lo tanto, el deterioro de sus márgenes “naturales” de negocio, con mecanismos como los conocidos como TLTRO (operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico) que apuntalaban la liquidez y financiación de la economía a la vez que han garantizado la rentabilidad los bancos.
Un dato: según Contabilidad Nacional, el beneficio del conjunto de entidades financieras y aseguradoras se incrementó un 27,5% en el periodo 2017-2020, mientras el agregado de todas las empresas (excepto los sectores financiero y eléctrico) se redujo un 10% en el mismo periodo.
Ahora el BCE ha adoptado nuevas decisiones de política económica subiendo los tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista.
Y esto, a su vez, tiene otras consecuencias que la política ha de abordar. Esta subida encarece la financiación, con lo que se va a producir un enfriamiento de la economía, cuando no una recesión autoinfligida. Dicha subida ya está restringiendo la renta disponible de quienes tienen sus préstamos a tipos variables, véase las hipotecas. Pero también supone que el sector financiero recompone sus márgenes y, aunque se le vayan retirando la “respiración asistida” de las TLTRO, ganen mucho más. Según nuestras proyecciones, alcanzarían los 15.150 millones de euros en 2022, en un año en el que ya no se darán los casi 6.000 millones que afloraron con el badwill (fondo de comercio negativo) de Bankia y Liberbank en 2021.
Es en este entorno en el que se le ha de exigir su contribución al pacto de rentas, por muchas amenazas e incertidumbres que existan.
De manera transitoria va a ser objeto de una imposición especial. A pesar del informe no vinculante del BCE es una medida oportuna, que no debe ni va a poner en riesgo la estabilidad financiera. Y también es una medida necesaria mientras se aborda una reforma fiscal en profundidad, que recoja la contribución fiscal de estas y otras grandes empresas de manera más justa y progresiva.
Pero también forman parte del pacto de rentas las medidas que se adopten para paliar el efecto que esta subida de tipos tendrá sobre la renta disponible. Es necesaria su concreción normativa, más allá de medidas voluntarias o acuerdos puntuales con el Ministerio de Economía. Medidas que protejan al consumidor en cuanto a transparencia y movilidad entre entidades; también medidas que mitiguen la escalada de precios derivada del incremento de tipos; no hay que descartar medidas fiscales transitorias de apoyo a las rentas medias y bajas, que no incentiven el incremento de precios inmobiliarios, pero hagan más soportables los precios de los créditos. Y no hay que despistarse, lo que más deteriora la solvencia bancaria es la morosidad, más si la provocase una recesión real y no técnica.
Y también laboralmente. No es soportable la comparación entre el incremento de los beneficios y de las retribuciones de los directivos —más de un 30% en ambos casos en el periodo 2019-2021— con los sueldos de las plantillas ante el desbocado incremento del Índice de Precios al Consumo. Es imprescindible hacer frente a ello con un incremento salarial adaptado a la situación, también en el sector financiero.
La coyuntura es incierta, sí, pero también con nuevas oportunidades. La economía española y europea requiere de inversiones estratégicas en materia medioambiental, energía, equidad social o defensa. Los fondos NextGen serán sin duda una oportunidad para la banca en general. Una oportunidad reputacional de implicación con la sociedad y para revertir los procesos de exclusión financiera materializados desde la Gran Recesión: oligopolización, pérdida de contacto con la sociedad tras el cierre de oficinas, en ámbitos rurales y barrios populares, y por la reducción de plantillas.
La normalización del negocio bancario, ya sin intereses negativos, lo ha propiciado una decisión que no deja de ser política. Por eso se ha de conciliar con el contrato social que significa un pacto de rentas. Y el acento que ha puesto el BCE con su informe standard sobre la tributación especial más valdría que lo hubiera puesto sobre la retribución de los directivos y, sobre todo, sobre el reparto de dividendos. Es ese reparto, y no la carga impositiva, la que más lastra la generación de capital y la solvencia, restando capacidad al multiplicador del dinero bancario para otorgar crédito a la economía.
José Mª Martínez López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.