La recapitalización, hoy por hoy, sólo es posible si se anticipa desde el sector público, condicionada a: que se reponga por las entidades en un tiempo cierto para que en última instancia no vaya a cargo del ciudadano; se reestructuren las entidades con problemas, pero evitando que sean sus trabajadores los únicos que paguen la “factura”; y que ello no lo lleven a cabo los gestores responsables de su situación, los cuales deben responder por su gestión.