El 28 de abril se celebra, a iniciativa de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el décimo primer DÃa Internacional de la Seguridad y Salud de los trabajadoras y trabajadores y de recuerdo a las vÃctimas de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo.
El 28 de abril recordamos a los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras que fallecen cada año en todo el mundo, asà como a los más de 270 millones de accidentados y 160 millones que enferman debido a un trabajo y a lugares de trabajo inseguros, insalubres o insostenibles.
En España celebramos esta jornada coincidiendo con el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. Durante estos diez años se ha producido una gran transformación en nuestra paÃs en todo lo referente a la salud laboral: nos hemos dotado de un volumen considerable de perso-nas, medios e infraestructuras preventivas de los que carecÃamos, hemos conseguido un importante avance en el reconocimiento social del derecho a la salud en el trabajo, y hemos elevado la seguridad y la salud en el trabajo a la categorÃa que se merece como tema polÃtico, social, laboral y de salud de primer orden.
A pesar de este avance, la siniestralidad laboral en nuestro paÃs sigue siendo un gravÃsimo problema. Hoy todavÃa siguen muriendo 5 personas diariamente en España; en 2005 se produjo casi un millón de accidentes, 906.836 de ellos en el puesto de trabajo; 1.369 mortales (379 de ellos in itÃnere), alrededor de un 3% más que en el año 2004. Accidentes a los que se deben añadir otros muchos que ni tan siquiera aparecen en las estadÃsticas como ocurre con los falsos autónomos en los sectores de la construcción y el transporte fundamentalmente, o con los trabajadores inmigrantes sin papeles en la agricultura y los servicios.
TodavÃa existe un déficit manifiesto de implicación de los empresarios en la prevención de riesgos laborales, más preocupados por la transferencia de responsabilidad que por asumir la prevención como un elemento fundamental de la organización productiva. Igualmente, es necesario fortalecer los mecanismos de participación de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes, fundamentalmente en las empresas más pequeñas. Para corregir estas y otras deficiencias del sistema preventivo español se está ahora debatiendo en el seno del diálogo social lo que ha de ser la primera estrategia española de salud y seguridad en el trabajo, que deberá ser la piedra angular de todas la polÃticas en salud laboral de los próximo años, al igual que lo fue el Plan Nacional de Acción contra la Siniestralidad Laboral de 1998.
La inminente reforma del Sistema de reconocimiento de Enfermedades Profesionales debe servir también para visualizar lo que hasta ahora en España ha sido una realidad oculta, si el volumen declarado de accidentes de trabajo arroja unas magnitudes socialmente inasumibles, el volumen y gravedad de las enfermedades contraÃdas en el trabajo exige polÃticas preventivas especÃficas. El primer paso para que asà sea debe ser el conocimiento de las enfer-medades profesionales que realmente se producen en el trabajo.
Uno de los máximos exponentes de la gravedad de las enferme-dades profesionales lo representa el amianto. Los sindicatos españoles nos unimos a la campaña sobre la prohibición mundial del amianto liderada por la CIOSL, exigiendo asimismo la parali-zación de la transferencia de riesgos a terceros paÃses sin legisla-ción. En España, al igual que en otros paÃses da la UE, el amianto forma parte de nuestras vidas con graves impactos en la salud pública y el medio ambiente, lo que nos obliga a exigir a los poderes públicos la adopción de medidas sociales, médicas y económi-cas, que den respuesta urgente a las demandas de las vÃctimas originadas por el amianto.
La acción de UGT y CC.OO. ha logrado colocar en primer plano de la opinión pública la lacra personal, social y económica de la siniestralidad laboral; una situación inaceptable para la sociedad e insoportable por más tiempo para los trabajadores y trabajadoras. Exigimos mayores esfuerzos y compromisos de quienes tienen la responsabilidad de cumplir con las normas: los empresarios, y de los que tienen la responsabilidad de velar y hacer cum-plir las mismas: las Administraciones Públicas.
Asimismo, reclamamos un papel más activo del Ministerio Fiscal, desarrollando su función constitucional de promotor de la acción de la justicia, especialmente en las situaciones de riesgos más graves e intolerables que afectan a numerosos centros de trabajo y que son causa directa de la mayor parte de la siniestralidad. La nueva figura del Fiscal coordinador de siniestralidad laboral cuenta con todo el apoyo de nuestras organizaciones para el desempeño de su importante labor.
La falta de aplicación de las normas por parte de los empresarios, la degradación del mercado laboral, el mantenimiento de una tasa de temporalidad que triplica a la media de la Unión Europea, el uso abusivo de la subcontratación, el insuficiente compromiso polÃtico de las administraciones Públicas, hacen que, en nuestro paÃs, sigamos manteniendo las tasas de siniestralidad más altas de la Unión Europea incidiendo de manera especial en los traba-jadores jóvenes y mujeres, que son los colectivos que más sufren la precariedad. Ante esta situación, debemos mantener una actitud beligerante.
Esta situación nos lleva a demandar un cambio de actitud de las organizaciones empresariales y un avance de las autorida-des laborales, una actuación eficaz como garante en el cumplimiento de las leyes; pues es la vida y la dignidad de los traba-jadores y las trabajadoras lo que está en juego.
Por ello, con ocasión del 28 de abril de 2006, CC.OO. y UGT nos proponemos:
- Intensificar la acción sindical en materia de seguridad y salud en el trabajo, esforzándonos en realizar a lo largo de la semana y el propio 28 de abril acciones unitarias, asambleas en los centros de trabajo, manifestaciones y concentraciones.
- Orientar de manera prioritaria nuestras movilizaciones a la exigencia del cumplimiento empresarial de las normas preventivas. Denunciar la incidencia de la precariedad en la seguridad y salud de los trabajadores, y a exigir del Gobierno las reformas necesarias que garanticen la participación efectiva de los trabajares y trabajadoras.
Descarga el folleto Dia Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo en PDF (136 Kb)
