Lo que es preocupante y alarmante es que tal autoridad haya basado dicha grave acusación (en realidad, insulto) en que –según ella- estos manifestantes “no aceptan el voto”, es decir, que no respetan la mayorÃa parlamentaria, mayorÃa que –según ella- es resultado del mandato popular expresado por las urnas. Éstas, es decir, los votos, asignan al gobierno las responsabilidades de tomar decisiones, sean éstas las que sean, que deben acatarse por parte de la población, independientemente de que se esté en desacuerdo con ellas.
Tal interpretación de lo que es democracia, por una personalidad del nivel de la Sra. Cospedal, es alarmante. Y puesto que esta interpretación está ampliamente extendida en España, merece una respuesta. Esta percepción tan generalizada de lo que es democracia suele presentarse en un argumentario más elaborado, indicando que la democracia es un sistema de leyes que deben obedecerse, y por lo tanto, todo comportamiento que no siga tales leyes es considerado antidemocrático. Esto es lo que en realidad está diciendo la Sra. Cospedal, en un estilo y narrativa mucho más vulgar y directo, llamando nada menos que nazis a aquellos que protestan por la aplicación de las leyes, a pesar de que son manifestaciones no violentas que denuncian a los gobernantes que aplican tales leyes, estén éstos donde estén.
Lo que tal argumento deliberadamente olvida es que la soberanÃa popular procede de la ciudadanÃa, y que la expresión de tal soberanÃa ocurre a través de las instituciones llamadas representativas que en España están extremadamente limitadas debido al enorme dominio que las fuerzas ultraconservadoras, herederas de la dictadura, tuvieron sobre el proceso de Transición, al cual se le define erróneamente como modélico. El enorme desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil en el proceso de Transición dio lugar a un proceso muy sesgado, con unas instituciones representativas muy poco democráticas. Y lo que está ocurriendo, reflejado en las declaraciones de la Sra. Cospedal, es un claro ejemplo de ello. Veamos los datos.
Dentro de esta democracia sumamente limitada, sólo el 28% de la población adulta que podÃa votar, votó al Partido Popular, lo cual no fue obstáculo para que tal minorÃa alcanzara una enorme mayorÃa parlamentaria, mayorÃa totalmente desproporcionada en su tamaño y que no se correspondÃa con el voto real. En realidad, la gran mayorÃa (72%) de la población que podÃa votar, no votó al PP. La mayorÃa en las Cortes no representa, pues, a la mayorÃa de la población. Si el sistema hubiera sido proporcional, tal partido no hubiera estado en mayorÃa. Está claro, pues, que el PP se benefició de unas leyes electorales que le favorecÃan, pero que no respondÃan numéricamente a un mandato mayoritario.
Pero la cosa es incluso peor, pues la elección de la minorÃa que votó al PP (28%) se basó en un programa electoral que el PP se comprometÃa a realizar, en caso de ser elegido, cosa que no ha hecho. Promesa electoral tras promesa electoral ha sido desatendida. La evidencia de ello es abrumadora. Como también es abrumadora que la élite dirigente del PP sabÃa que no la cumplirÃa, mintiendo a la ciudadanÃa. La rapidez con la que actuó, ignorando sus promesas, era el mejor indicador que sus acciones reales (muchas de ellas opuestas a su programa electoral) estaban ya programadas en la época pre-electoral.
Es obvio, pues, que gran número de polÃticas que el gobierno PP está realizando (desde las polÃticas de recortes de gasto público social, que contrastan con el gran apoyo a la banca, hasta el veto a la propuesta altamente popular de la PAH) carecen de mandato popular, entendiendo como tal el deseo por parte de la mayorÃa de la población de que las polÃticas que el gobierno aplique son las deseadas por tal población. Incluso entre sus votantes, la mayorÃa no eligió al PP para que llevara a cabo polÃticas opuestas a las que prometió durante el periodo electoral. Y la impopularidad de tales polÃticas, incluso entre sus votantes, es la mejor prueba de ello.
Pero lo que la Sra. Cospedal ignora es que tales polÃticas que el gobierno PP está implementando, contrarias al deseo de la mayorÃa, no sólo son altamente impopulares, sino que deslegitiman al gobierno y a la democracia, pues lo que el gobierno está haciendo no es llevar a cabo las polÃticas expresadas por la mayorÃa de la población, sino que las está imponiendo en ausencia de un mandato popular. La respuesta de la ciudadanÃa ante esta situación es la protesta pública en defensa de la democracia mediante cualquier medio (utilizando medios no violentos) pues está intentando salvar la democracia en España frente a una violencia legal que es inasumible. El echar a una familia a la calle, sin techo, es enormemente violento y toca las dimensiones más Ãntimas de la persona. Cuando, además, estas polÃticas, aún siendo legales, no son legÃtimas –al carecer de mandato popular- es injusto y traduce una prepotencia y arrogancia exigir que los responsables de tal situación tengan un trato distinto, que definen como civilizado, opuesto al incivilizado que están imponiendo.
La respuesta de las fuerzas conservadoras (incluidas las de algunas voces de las izquierdas ex gobernantes) es que la manera de responder democráticamente es esperar al voto hasta dentro de cuatro años, en un sistema que tampoco refleja el deseo popular. Ahà está el triunfo de las fuerzas conservadoras, escrito en piedra en sus leyes y en la Carta Magna, la Constitución. La continua defensa de la Constitución como intento de legitimar toda una serie de polÃticas sin mandato popular es parte de la defensa de los intereses de aquellos que dominaron el proceso de Transición, que eran, a su vez, los herederos de los que ganaron la Guerra Civil. A la Sra. Cospedal parece escapársele la incoherencia de acusar a sus adversarios de nazismo, cuando ella está donde está, repito, como consecuencia de la historia de este paÃs en los últimos setenta y cinco años, donde el enorme poder de las fuerzas ultraconservadoras, incluyendo su partido polÃtico, sobre los aparatos del Estado ha determinado la configuración de las instituciones polÃticas, siendo el punto de origen de su poder el golpe militar del General Franco apoyado precisamente por el nazismo alemán y el fascismo italiano, apoyo sin el cual la democracia no hubiera sido derrotada en España.
Si España tuviera un Estado auténticamente democrático, además de tener leyes electorales más representativas, habrÃa referéndums decisorios, que podrÃan debatirse (en unos medios más plurales que los que hoy existen en España), siendo tal debate las bases para la decisión popular. Y no hay duda, según los resultados de las encuestas, de que las polÃticas decididas por referéndums (incluidas las propuestas del PAH) serÃan mucho más mayoritarias que las decididas por las Cortes, mostrando que las Cortes Españolas hoy, en su mayorÃa, no representan a la mayorÃa de la población española, incluido, por cierto, el votante y ex votante del PP.
