Las entidades imputan a la Administración el retraso en las fusiones y en la toma de decisiones .
EFE / 17/03/2010 ELISEO OLIVERAS. BRUSELAS
El retraso en la reestructuración del sistema financiero español hacÃa presumir que se acabarÃan agotando los plazos dados por el Ejecutivo de Bruselas para consumir las ayudas al sector. En pleno cruce de reproches entre los agentes implicados en este proceso, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, reconoció ayer que España pedirá a la Comisión Europea una prórroga del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya vigencia expira el próximo 30 de junio.
Salgado eludió responsabilidades sobre el evidente retraso y apuntó hacia las propias cajas: "La reestructuración se está llevando a cabo con una velocidad que a nosotros nos gustarÃa que fuera mayor", indicó, al asistir al Consejo de Ministros de EconomÃa y Finanzas de la Unión Europea (UE). El Gobierno, no obstante, confÃa en que ese proceso de reestructuración financiera "podrá acelerarse en los próximos meses". En el sector del ahorro se considera poco probable que las uniones que están actualmente en marcha --cinco fusiones y un SIP (Sistema Institucional de Previsión)-- puedan estar listas antes de que finalice el plazo fijado desde Bruselas. Salgado recordó que la autorización concedida por la CE ya incluÃa la posibilidad de solicitar una prórroga en el caso de que fuera necesario.
El Ejecutivo comunitario ha prorrogado en otras ocasiones los mecanismos de ayuda pública al sector financiero de otros paÃses. REFORMAS LEGALES Para la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) existe un problema de fondo por resolver. Y es que el propio Ejecutivo no ha presentado las reformas legales que pueden favorecer una mayor diligencia por parte de las entidades. Se menciona en concreto que la falta de normativa sobre el régimen fiscal de los SIP --es decir, si debe incluir o no las mismas exenciones fiscales que las fusiones--, la ausencia de un reglamento sobre el gobierno corporativo de esos instrumentos y algunos otros aspectos que todavÃa no han sido concretados frenan la toma de decisiones. "El Gobierno es consciente de que, sin definir esos aspectos, las entidades no tomarán la decisión de fusionarse o ir a un SIP", comentaron las fuentes consultadas.
Pero no es esa la visión de todo el sector financiero. Particularmente, desde la banca se señala que las intromisiones polÃticas, asà como la de los distintos poderes públicos que intervienen en las cajas de ahorros, son obstáculos que han retardado innecesariamente todo el proceso de integración. En ese sentido, destacan la reciente retirada de Caixa Girona de la fusión con Caixa Sabadell y Caixa Terrassa, integradas en Unnim, por la presión ejercida desde la Diputación de Girona y los partidos ERC y CiU.
