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La empresa que despide a un trabajador tiene derecho a reducir el salario de tramitación si el afectado ha encontrado trabajo durante el proceso judicial. Este es el sentido de la reciente sentencia de casación del Tribunal Supremo, que entra a resolver una cuestión muy polémica en la justicia laboral.

En el caso de la citada sentencia, el Alto Tribunal responde a la demanda de una empresa farmacéutica que una vez declarado el despido improcedente del trabajador, pagó la indemnización de 45 días de salario por año trabajado, pero reclamó abonar menos por el salario de tramitación. Es decir, por la retribución diaria que deja de recibir el empleado desde que es despedido hasta que se conoce la sentencia.

La empresa esgrimió el argumento de que la persona despedida por ella había encontrado trabajo durante el litigio y, por lo tanto, pedía reducir del salario de tramitación los ingresos obtenidos por el ex empleado por su nueva ocupación.

La demanda de la compañía fue desestimada en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hasta que llegó al Tribunal Supremo. Para ello, la empresa presentó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -sentencia de contraste- que en un caso analógo admitió reducir del salario de tramitación los ingresos percibidos por el trabajador con otro empleo que encontró mientras sostenía el litigio con la primera compañía.

Litigio judicial
En su fallo del pasado 5 de mayo, el Tribunal Supremo da la razón a la empresa argumentando varias razones. En primer lugar, no se discute la cuantía de la indemnización de 45 días por año trabajado, porque es un despido improcedente. Lo que está en juego es si al trabajador, que encontró empleo mientras sostenía el litigio judicial con la primera empresa, le corresponde toda la cuantía que reclama del salario de tramitación, una vez que se aplica la sentencia.

El Tribunal Supremo recuerda su propia jurisprudencia para definir la función del salario de tramitación como “la indemnización -o la compensación- para el trabajador por las retribuciones dejadas de percibir desde la fecha del despido y durante la substanciación del proceso judicial”. Por esta razón, y en aplicación del artículo 56b del Estatuto de los Trabajores, la sentencia dice que si el sujeto afectado “ha trabajado para otra empresa en todo o en parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que [...] no ha existido perjuicio alguno [para el empleado]. Por lo tanto, si no hay perjuicio no puede haber resarcimiento”. “Así pues, en estos casos -dice el Tribunal Supremo- desaparece la ratio legis, el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al menos en la cuantía” que se estimó en un principio.

El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere al despido improcedente, dice que junto a la indemnización la persona afectada tiene derecho a percibir el salario de tramitación como compensación por las retribuciones que dejó de ingresar desde la comunicación del despido hasta el conocimiento de la sentencia. O “hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación”.

Fraude de ley
En consecuencia, el Tribunal Supremo recalca que la ley dice que “corresponde a los órganos judiciales impedir o no favorecer la consecución de resultados prohibidos por el ordenamiento jurídico”. La sentencia recalca que, en aplicación del Código Civil, la Justicia debe impedir “la consumación de actos ejecutados en fraude de ley”, lo que, a juicio del tribunal, ocurre cuando el trabajador solicita los salarios de tramitación “a conciencia de que no se tiene derecho a ellos por estar ya ocupado y percibir otras retribuciones”.

Contra la sentencia hay un voto particular, precisamente del magistrado ponente de la sentencia , Aurelio Desdentado Bonete, que alega que la empresa debía haber notificado a la Sala antes, o en el juicio, que sabía que el despedido ya estaba trabajando, y no después, en el momento de la ejecución de la sentencia.

La dificultad de probar si el despedido tiene otra ocupación
Uno de los problemas que puede haber en este tipo de casos sobre el salario de tramitación en el despido es demostrar que el antiguo empleado trabaja para otra empresa y tiene ya sus ingresos. En primer lugar, porque están en juego varios de los derechos fundamentales de la Constitución y, en segundo lugar, porque debe ser la empresa que le ha despedido la que debe demostrar que su antiguo empleado ya está trabajando.

August Torá, del Departamento de Laboral del bufete Jausas, que llevó el caso, explica que, en muchos asuntos, los magistrados “se enfadan” cuando en mitad del proceso sobre la procedencia del despido la empresa intenta demostrar que su antiguo empleado está ya trabajando y, por tanto, pretende reducir el salario de tramitación que debe pagarle. Es como si el juez se molestase por una circunstancia que, en muchas ocasiones, entiende que debe darse una vez que ya se ha decidido sobre la procedencia del despido.

En segundo lugar, si el trabajador no quiere demostrar que ya tiene otro empleo, la empresa que le despidió puede pedir al juez que solicite los datos a la Seguridad Social, para conocer su carrera de cotización, y la declaración de la renta a Hacienda. Esto es lo que hizo en este caso la empresa, según Torá. Precisamente, la reforma del desempleo de 2002 introdujo una modificación en los salarios de tramitación para rebajar los costes de las empresas en el despido en el caso de que este fuese improcedente o nulo.

Si la compañía reconoce que el despido es improcedente puede depositar la cuantía de la indemnización y evitar que corran los salarios de tramitación más allá del acto de conciliación. Si continua el proceso y la sentencia tarda más de dos meses en salir, será entonces la Administración la que corra con el salario de tramitación en todo lo que supere sesenta días. Se trata de compensar al empresario por la lentitud de la Justicia.

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