CCOO denuncia la precariedad laboral y la pérdida del poder adquisitivo en el sector del bingo en la Comunidad de Madrid
CCOO y UGT denuncian la precariedad y pérdida de poder adquisitivo en la que se encuentran desde hace años las plantillas del Bingo madrileño.
Según Juan Martínez Checa, responsable CCOO del sector de bingos de la Comunidad de Madrid, los márgenes empresariales obtenidos por el incremento en ventas en los últimos años con la bajada consecutiva de la presión fiscal se disparan.
Celebrado el 27 Congreso Internacional de UITA
Bajo
el lema de "Nos organizamos, luchamos y ganamos junt@s", se celebró en Ginebra
los día 26 de agosto al 1 de septiembre, el 27 Congreso de UITA, Federación
Sindical Mundial de
Solo una de cada cinco personas que perdieron su empleo se ha inscrito en las oficinas de empleo
Pese a haber más personas en paro se ha reducido considerablemente el gasto en prestaciones, lo que desincentiva a quienes pierden su empleo para inscribirse en las oficinas de empleo. Además, las variaciones del Régimen General de la Seguridad Social señalan que se sustituyen empleos estables y a tiempo completo por empleos precarios a jornada parcial.
CCOO Servicios CLM denuncia que los datos de empleo en Comercio, Turismo y Hostelería no se corresponden con el crecimiento de la actividad sectorial
El sindicato urge cambiar los estándares de creación de puestos de trabajo en estos sectores e insta a las administraciones públicas y al empresariado mecanismos de coordinación, medición y control del modelo existente de empleo. Las mejoras sólo se notan en la facturación y en la rentabilidad empresarial, mientras se abarata y precariza aún más el empleo.
El sector financiero sigue desmantelando su red y eliminando empleo en Andalucía
El proceso de desmantelamiento de la red de oficinas y eliminación de puestos de trabajo en Andalucía parece no tener fin. En el periodo 2008-2016 se han cerrado en Andalucía 2.438 oficinas bancarias, el 34,8% de la red y se han perdido unos 12.100 empleos directos, el 32,44% del que existía antes de que comenzara la crisis. Mientras tanto, se estima que anualmente se realizan en torno a los 4,5 millones de horas extra fraudulentas que no se pagan a la plantilla ni cotizan a la Seguridad Social ni a Hacienda.









