El hecho de que tal hurto se hiciera por unos sindicalistas a fin de poder alimentar a unas familias en pobreza, sin recursos, alarmó enormemente al establishment español por su peligro de contagio, de manera que tanto el Fiscal del Estado como el Ministro del Interior intervinieron inmediatamente para penalizar a tales sindicalistas. Ello es una predecible respuesta que confirma el gran temor y justificada inseguridad que tiene la estructura de poder basada en unas enormes desigualdades, de las más elevadas existentes hoy entre los paÃses de mayor desarrollo económico de la OCDE, siendo un paÃs en el que coinciden las mayores fortunas del mundo (sÃ, del mundo) con sectores populares que viven en los mayores niveles de pobreza existentes en tal comunidad de paÃses, de la OCDE. No es, pues, de extrañar, que España, como ocurre también en paÃses con grandes desigualdades, tenga, junto a un Estado con escasa sensibilidad social, un Estado con gran desarrollo de sus aparatos represivos. Como he documentado en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, España es el paÃs de la UE-15 que tiene mayores desigualdades sociales y más policÃas por 10.000 habitantes y, a la vez, menos adultos trabajando en sanidad, educación, y servicios sociales.
El establishment español es consciente del nivel tan desigual de ingresos y rentas en España, donde tales recursos están altamente concentrados en sectores poblacionales muy minoritarios (dentro de los cuales estan los sectores financieros). De ahà su preocupación de que cualquier acto de agitación social en protesta a tales desigualdades pueda expandirse, despertando gran simpatÃa, cuando no apoyo popular. En un periodo en que tales desigualdades se están acentuando todavÃa más, tal preocupación se está convirtiendo en auténtico temor. Es en este contexto que se entiende la respuesta claramente desorbitada frente a un hurto de 400 euros en un supermercado andaluz. Como indicó en un gran titular, el diario conservador La Vanguardia, “el gobierno frenará de raÃz cualquier conato de estallido social” (09.08.12).
Y el máximo argumento de tal denuncia era que el hurto era ilegal, exigiendo el cumplimiento de la ley. Aunque, repito, fuera previsible que las fuerzas conservadoras respondieran de esta manera, es sorprendente y rechazable la condena que tal acto tuvo por sectores de las izquierdas gobernantes. Tales voces olvidan que los mayores cambios ocurridos en nuestro y en otros paÃses han sido resultado de agitación y desobediencia civil. El identificar ley con moralidad y/o con rectitud democrática es ignorar o desconocer el papel de la ley en reproducir un sistema injusto y escasamente democrático, como es el español. Lo que han hecho aquellos sindicalistas es, en un acto de desobediencia civil, mostrar la situación dramática en la que se encuentran más de un millón de familias españolas que viven en situaciones miserables (que creÃamos habÃan ya desaparecido en España), resultado de unas polÃticas públicas frente a las cuales la única actitud de decencia democrática es la de rebelarse frente ellas. Hay que agradecer a tales sindicalistas que, con tal acto, la sociedad española se concienciara del impacto que tales polÃticas están teniendo en nuestro paÃs.
