Este es el único resumen que puede hacerse de la reunión de la comisión
negociadora del II Convenio Colectivo de los Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, celebrada el
pasado 26 de mayo, y que, a la vista de lo manifestado por la patronal
APR, puede que sea la última que se celebre, al menos, en el corto
plazo.
Es sorprendente que, en el actual escenario, el objetivo primordial de estos anacrónicos funcionarios públicos sea el de mantener su privilegiado estatus económico y social, a costa de dejar arrumbado en el camino y sin soluciones problemas, entre otros, como la destrucción de empleo, la cada vez más acusada inestabilidad y precariedad salarial de sus empleados y empleadas, la carencia de una adecuada formación profesional, la adulterada promoción profesional y la inexistencia de medidas favorecedoras de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; circunstancias estas que conducen inexorablemente al colectivo hacia el feudalismo en las relaciones laborales, bajo el paraguas tanto de la seguridad y estabilidad que le proporciona a los Registradores su condición de funcionarios públicos, como de las privilegiadas retribuciones que perciben directamente de los ciudadanos, a través del arancel, por una actividad pública que realizan en régimen de monopolio.
Así pues y si definitivamente entiende la patronal APR que no existe posibilidad de restaurar el diálogo en el seno de la mesa de negociación, COMFIA-CCOO y las demás fuerzas sindicales presentes en dicha mesa deberán explorar otras vías, encaminadas a la búsqueda de soluciones, entre ellas la de establecer los oportunos contactos con la Administración para, llegado el caso, retomar antiguos proyectos políticos que buscaban la revisión y el ajuste de los aranceles de los Registradores al principio de no lucratividad , consagrado en la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, y la dignificación de las condiciones laborales de sus empleados homologándolos al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, y que permitan acercar el Registro a los ciudadanos.
Es sorprendente que, en el actual escenario, el objetivo primordial de estos anacrónicos funcionarios públicos sea el de mantener su privilegiado estatus económico y social, a costa de dejar arrumbado en el camino y sin soluciones problemas, entre otros, como la destrucción de empleo, la cada vez más acusada inestabilidad y precariedad salarial de sus empleados y empleadas, la carencia de una adecuada formación profesional, la adulterada promoción profesional y la inexistencia de medidas favorecedoras de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; circunstancias estas que conducen inexorablemente al colectivo hacia el feudalismo en las relaciones laborales, bajo el paraguas tanto de la seguridad y estabilidad que le proporciona a los Registradores su condición de funcionarios públicos, como de las privilegiadas retribuciones que perciben directamente de los ciudadanos, a través del arancel, por una actividad pública que realizan en régimen de monopolio.
Así pues y si definitivamente entiende la patronal APR que no existe posibilidad de restaurar el diálogo en el seno de la mesa de negociación, COMFIA-CCOO y las demás fuerzas sindicales presentes en dicha mesa deberán explorar otras vías, encaminadas a la búsqueda de soluciones, entre ellas la de establecer los oportunos contactos con la Administración para, llegado el caso, retomar antiguos proyectos políticos que buscaban la revisión y el ajuste de los aranceles de los Registradores al principio de no lucratividad , consagrado en la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, y la dignificación de las condiciones laborales de sus empleados homologándolos al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, y que permitan acercar el Registro a los ciudadanos.