Unos trescientos sindicalistas españoles enfrentan a procesos penales y administrativos a raíz de un ataque sin precedentes contra los derechos de los trabajadores que ha sufrido duramente el país estos últimos años. Para sentenciar a los trabajadores, el Gobierno incluso está recurriendo a un artículo del Código Penal procedente de la dictadura de Franco que, en aquellos tiempos, se utilizaba para reprimir las huelgas.