Paradójicamente, ante estas memorias que publican las empresas, resultan más interesantes los análisis que se elaboran desde los sindicatos y/o la sociedad civil. Porque con ellos se demuestra que, sin una buena regulación legal sobre transparencia, buen gobierno, derechos de información y participación, y sin unos indicadores claros, relevantes y comparables, no se producirá el cambio necesario hacia una transparencia real con la que evaluar los impactos sociales de las empresas en la sociedad y generar la confianza necesaria entre los usuarios de sus servicios.
Instrumentos legales, tales como la Ley de Economía Sostenible y el Consejo Estatal de RSE (CERSE), están siendo ignorados, y nos tememos que, con la nueva Directiva sobre información no financiera (obligatoria para ciertas grandes empresas europeas) ocurra algo parecido.
Véase en nuestro blog (Responsabilidad, ¡Social!) un inventario de ejemplos, herramientas y actuaciones.
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