En un comunicado distribuido hoy por COMFIA-CC.OO. se afirma que: “...Nuestro país la concesión de licencias a este tipo de compañías las otorga el Ministerio de Industria y que estas licencias les obligan a tener centros de atención al cliente, por eso no parece lógico es que el ministerio conceda licencias públicas a empresas que aprovechan las infraestructuras del estado español, que generan su negocio gracias al dinero de los consumidores españoles y que ahora pretenden llevarse los puestos de trabajo que genera su actividad empresarial a otros países.

El 9% de los españoles y españolas, casi 3,5 millones, tienen algún tipo de discapacidad. Y son ellos los que sufren las mayores dificultades para acceder al empleo (su tasa de actividad es la mitad que la media y su tasa de paro es el doble).