El informe elaborado por los servicios jurídicos de CCOO avala que la responsabilidad, en lo que se refiere a la aplicación de la directiva Mifid II, es de las entidades dado que, dicha normativa no modifica lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores y el Código Civil, que es donde se establecen en nuestra legislación las responsabilidades de las trabajadoras y los trabajadores en el ejercicio de sus funciones profesionales.