Asimismo, podrá exigir el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración coherentes con una gestión efectiva, revisará las mismas, y podrá elaborar guías indicando los criterios, prácticas y procedimientos que considere oportunos.
Las entidades que se hayan beneficiado de una intervención pública excepcional podrían tener que limitar la remuneración variable a un porcentaje de los ingresos netos, cuando sea incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital y con una renuncia al apoyo público.
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