El mundo sindical ha sido un defensor de la Global Reporting Initiative (GRI, iniciativa mundial / modelo de indicadores y reportes de sostenibildad) desde su gestación. Nuestros representantes han trabajado duro durante años en los órganos de decisión del GRI, en el consejo, en el comité de asesoría técnica y en la comisión de socios y también en los grupos de trabajo del G4 (última versión, presentada hace un mes).
Sin menoscabo de la legitimidad del GRI y de las mejoras hechas en el nuevo G4 con el objetivo de producir informes de sostenibilidad más eficaces desde el punto de vista estratégico y centrados en los impactos más importantes para las personas y el planeta, la realidad es que el corto plazo en la maximización de ganancias de las corporaciones se opone a los derechos y a la sostenibilidad.
A pesar del riesgo de una catástrofe climática, las corporaciones se oponen a la política de subsidios industriales para nuevas empresas o al establecimiento de un precio al carbón. Y eso sin mencionar la lucha de los mayores productores de combustibles fósiles contra un acuerdo climático. Esta oposición es inmoral y carece de cualquier virtud en lo que a la idea de la sostenibilidad se refiere.
Así y todo muchas de esas grandes compañías emiten sus informes de sostenibilidad sin ninguna conciencia y la manera de tratar a los trabajadores, cuyo trabajo multiplica sus ganancias, sigue siendo criminal. Si preguntamos a cualquier CEO si les gustaría que sus hijos trabajasen en las factorías textiles de Pakistán, en la minas del Congo, en plantas manufactureras en América Central, o como vendedoras de cerveza en Camboya, les entrarán escalofríos. Sin embargo, permiten la perpetuación obstinada de estos horrores en la cadena de suministro de sus corporaciones.
El modelo no es ni humano ni sostenible. Y a pesar de ello muchas de esas compañías anuncian sus prácticas como responsables. Solo es necesario ver los informes de sostenibilidad provenientes de las empresas subcontratadas en Rana Plaza en Bangladésh.
No puede haber más excusas, ni más muertes en incendios, ni más accidentes o enfermedades laborales, ni más pobreza relacionada con el trabajo y por supuesto no puede haber más rechazos a los derechos humanos y laborales. Ha llegado el tiempo de pasar del voluntarismo al acatamiento. Si las corporaciones no incluyen derechos laborales y normativas medioambientales en el epicentro de su modelo productivo, el estado de derecho debe ser lo suficientemente efectivo para asegurar su acatamiento.
La globalización en el proceso de manufacturados y en la industria de servicios empezó su aceleración en los ochenta con los avances en tecnologías logísticas y de comunicaciones, estas posibilitaron la explotación de la vasta fuerza de trabajo global en una escala que antes era imposible.
Las compañías adoptaron modelos de negocios basados en la localización de la producción en países donde las leyes laborales son débiles, casi no existen o no se hacen cumplir, y de esa manera se impide a los trabajadores organizarse en sindicatos y negociar colectivamente con sus patrones. La cadena de suministro global se ha convertido en la manera con la cual las marcas internacionales maximizan sus retornos, buscando una ventaja sobre sus competidores reduciendo los costes de producción aun más.
Mientras que la modelo de negocios globalizada continua retribuyendo grandes beneficios a las compañías, su coste a los trabajadores y a las economías de los países más pobres ha sido enorme. La resaca de la competitividad basada en bajos costes laborales puede ser vista hoy en el ataque a los derechos de los trabajadores y a las negociaciones colectivas en Europa que junto a la ortodoxia anti-sindical en EEUU. Estos ataques no son sólo solo moralmente incorrectos sino contraproducentes desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Las compañías internacionales se ven forzadas a proteger su modelo de negocios y para eso se sirven de nuevas iniciativas corporativo-sociales que amortigüen y desvíen el interés público sin cambiar fundamentalmente la manera con la que organizan su producción.
El fracaso de los gobiernos en la protección de la defensa de los derechos laborales en la economía global ha dejado un gran vacío regulador y ha ayudado a crear una industria de ochenta mil millones de dólares dedicada a la responsabilidad social (RSE) y a la auditoría social.
La vasta experiencia arrojada por esta industria muestra que la RSE ha protegido a las compañías y fracasado tanto en la ayuda a los trabajadores como en la ayuda a las economías sostenibles. La protección más eficaz a los trabajadores es la libertad de asociación, el derecho a la afiliación a un sindicato y la negociación colectiva de unas condiciones razonables y un salario justo. Allí donde estos derechos están consagrados como ley los trabajadores pueden valerse por si mismos. Así y todo la experiencia de las últimas dos décadas privatizando la regulación de la RSE tiene inquietantes paralelismos con la autorregulación financiera que llevó a nuestras economías al borde de la quiebra en el 2007, sumergiendo al mundo en una recesión.
La realidad es completamente cruel para las familias de los trabajadores que han perdido su vida en los incendios en factorías y en los derrumbamientos de edificios en Pakistán, Bangladesh y Camboya. En 2012 un fuego en la factoría textil Ali Enterprise en Karachi acabó con la vida de 300 trabajadores. Esta factoría fue declarada segura solamente tres semanas antes, en una inspección de una agencia privada bajo normativa SAI. En Bangladesh el último desastre ha hecho que el número de fatalidades llegue a día de hoy a las 1200 víctimas.
Es trágico que para que las compañías envueltas se vean motivadas a negociar y firmen un acuerdo de seguridad de incendios con Global UnionsIndustriALL y UNI tengan que perder la vida cientos de trabajadores. Y así y todo compañías como GAP que se anuncia como responsable presionó a las compañías europeas a no firmar. Y de Walmart qué decir!!
Estas tragedias o similares ocurren en demasiados países perpetradas por demasiadas compañías. Pero también se están produciendo cambios y debemos centrarnos en la voluntad corporativa a realizar estos cambios o en la capacidad de los gobiernos tímidos en hacer acatar las regulaciones. Veamos algunos de los pasos que se están dando:
- El respaldo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos en 2011 de los Principios guías de empresas y derechos humanos estableciendo que todas las compañías tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de la observación de su cumplimiento en la cadena global de su suministro. Esta responsabilidad no es voluntaria. Y no está limitada ni por posesión legal ni por el marco de influencia de la compañía, de hecho la responsabilidad de la compañía será determinada por el impacto causado por sus actividades y por sus asociaciones.
- Así mismo la revisión de la Guía para Multinacionales de la OCDE extiende el ámbito de responsabilidad de las compañías a los impactos en su cadena global de suministro y todas sus asociaciones, asumiendo con estas normativas la defensa de millones de trabajadores sin contratos directos de trabajo.
- Sobre transparencia empresarial en EEU la legislación Dodd-Frank requiere que las compañías registradas en el SEC (Comisión de Títulos y Cambio) informen públicamentecuánto pagan a los diferentes gobiernos por petróleo, gas y minerales una herramienta valiosa tanto para los ciudadanos como para los inversores y el Panel de Normas Contables de Sostenibilidad de EEUU está desarrollando nuevas pautas a ser incluidas en los informes para el mercado de EEUU.
- En Europa la Comisión Europea ha publicado propuestas medio ambientales y sociales dirigidas a fortalecer la transparencia empresarial de compañías con más de 500 empleados, y estas incluyen incluso diversidad en los consejos. Aunque sea positivo, el umbral es demasiado alto y los requerimientos a ser reportados poco específicos otra concesión al lobby corporativo. Quinientos empleados es el doble de tamaño de la definición estándar que la EC usa para una compañía grande. ¡Aún estamos a tiempo de cambiar esto!
Siguiendo el ejemplo de Dodd-Frank La Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europeos también han acordado fortalecer los requerimientos de divulgación para las empresas inscritas dentro de la UE y para las grandes empresas extractoras que no estén inscritas dentro de la UE. Y el Panel de Revisión del Comercio formado por Pascal Lamy reconoce la desigualdad y por tanto los déficits de distribución como riesgos reales en lo relacionado a la puesta en práctica de derechos laborales en la cadena de suministro. Tenemos algunos ejemplos de esperanza.
- Finalmente sobre Informes Integrados, el Consejo Internacional de Informes Integrados ha publicado su Borrador Marco Internacional IR. De manera diferente al caso del GRI, los sindicatos no han sido invitados y tenemos algunas preocupaciones. Tememos que el foco de los inversores se ciña a informes que traten de identificar riesgos para la compañía no los riesgos que las actividades de la compañía pudieran representar para las personal y para el planeta incluso en el largo plazo, y estamos preocupados por como un enfoque basado en el capital humano puede permitir la invalidación de los derechos humanos requisito que consideramos fundamental.
Para las compañías que operen en ciertos países como Sudáfrica la divulgación de información integrada es, por supuesto, mandatoria. El nuevo G4 refleja muchos de estos cambios se obliga a las empresas a informar sobre los impactos que importan más, incluidos los de la cadena global de suministro, y se las obliga a divulgar más sobre su gestión corporativa, sobre cómo enfrentan los retos de sostenibilidad y a arrojar más luz sobre la desigualdad salarial un gran responsable de la situación actual de nuestras sociedades cada día más divididas.
Nos gustaría que divulgar bajo el modelo G4 condujese a realizar los cambios en el comportamiento empresarial necesarios para integrar derechos laborales, acuerdos colectivos sindicales y normas medio ambientales en el corazón de su modelo de negocio que los informes sobre sostenibilidad sean capaces de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a lo largo de toda la cadena. Desgraciadamente no podemos ser optimistas con los esfuerzos voluntarios.
Para ello, un paso necesario sería que los gobiernos impulsaran informes públicos no sólo financieros, incluyendo las referidas a derechos laborales y normativas. El principal reto continua siendo la construcción de una plataforma global de derechos laborales y humanos con salarios dignos y trabajo seguro, y una protección social y una transición seria (justa) hacia una economía baja en consumo de carbón.
Sharan Burrow es la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI). La CSI representa a 175 millones de trabajadoras y trabajadores en 156 países y territorios, y cuenta con 315 organizaciones afiliadas nacionales
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En muchos de los artículos del blog Responsabilidad ¡SOCIAL! hay referencias continuas a la posición sindical ante diversos procesos sobre Responsabilidad Social, Inversión Responsable o Sosteniblidad en los que participamos los sindicatos (también a nivel europeo o aquí en España, en el Consejo Estatal de Responsabilidad Socialactualmente paralizado)