Este vehículo empresarial asumiría la deuda de constructoras y concesionarias asociada a la construcción, explotación y mantenimiento de una decena de autopistas privadas, cinco de las cuales ya se encuentran en concurso de acreedores. A cambio, se haría también cargo de activos que han visto comprometida su viabilidad como consecuencia de: un tráfico real sustancialmente inferior al estimado en las ofertas de adjudicación; sobrecostes en las expropiaciones, por el obligado reconocimiento de expectativas urbanísticas; o la ejecución de obras, como viene siendo habitual, no previstas. En definitiva, lo que el ejecutivo -a través de Ministerio de Fomento- plantea es nacionalizar las autopistas de peaje que amenazan ruina. O crear una concesionaria mala, que vendría así a sumarse al banco malo en lo que ya constituye una tendencia encaminada a dotarnos de estructuras públicas de carácter subsidiario, o malas, destinadas a confinar elementos tóxicos y redimir lo que no ha salido como estaba inicialmente previsto.
La idea no es nueva. Ni siquiera en lo relativo a su dimensión. Pensemos que el Imperio Británico y Francia llegaron a crear lo más próximo a países malos en Australia y la Guayana Francesa, respectivamente. Ambos territorios, entonces considerados inhóspitos, fueron explotados como colonias penales: entre 1788 y 1864 en el primer caso y desde 1852 hasta 1951 en el segundo. En general, los condenados en el marco del sistema penal colonial eran deportados a ultramar, donde buena parte terminaba falleciendo como consecuencia de castigos físicos, intentos fallidos de fuga, desnutrición, falta de asistencia médica o exceso de trabajo. En cualquier caso, la lejanía respecto a la metrópoli disuadía a los supervivientes de su intención de regresar a casa una vez cumplida la pena.
Me pregunto, a la vista de la creciente divergencia entre las expectativas y la capacidad real de gestión de capacidades y talentos, si no podremos redimir el deficiente funcionamiento de una parte relevante de nuestra clase empresarial y política con estructuras ad hoc. Entre otras, España necesita un Parlamento malo. Víctor J. Montes
