El segundo gran bloque de recursos lo constituye la formación directamente ejecutada por las empresas, por el sistema de bonificarse la totalidad, o parte, de la cuota, que han pagado.
El 77% de las ayudas para la formación gestionadas por el Estado, va directamente a las empresas. Más a las grandes que a las pequeñas. Así, mientras el 93% de las grandes empresas se bonifican la cuota de formación y programan actividades formativas, sólo el 23% de las pequeñas lo hace.
Además, el empresario tiene en sus manos todo el poder legal para decidir sobre la formación que va a impartir, sin necesidad de negociar con sus trabajadores, con la salvedad de que tiene la obligación de informar a la Representación Legal de los Trabajadores.
Otro de los problemas es que vivimos en un país de pequeñas empresas y microempresas, que no pueden por su tamaño organizar la formación que necesitan. Un campo en el que miles de consultoras, gestorías, centros de formación, asesorías, se dedican a captar alumnos para bonificar la formación de sus empresas, realizando una oferta formativa genérica, demasiado transversal y poco útil para cubrir necesidades reales de pymes y micropymes.
Una reforma de este tipo de formación es urgente y el Gobierno debería poner toda su atención en la formación de trabajadores en esas pymes y micropymes. Deberían de ser las organizaciones sectoriales de las empresas y los trabajadores, quienes trazasen necesidades y prioridades formativas y vertebrasen y organizasen a las pymes y micropymes, para utilizar bien los recursos, al tiempo que evaluasen y propusieran los cambios necesarios para ir adaptando cada vez más y mejor las necesidades formativas con la formación que se realice. Esa formación debería ser impartida, salvo excepciones justificadas, por centros de formación acreditados y registrados, que aseguren la calidad de sus programas formativos.
Si no lo hacemos así, la calidad de esta formación seguirá siendo baja y poco adaptada a las necesidades y realidad de las empresas. Además, estos recursos seguirán siendo campo abonado para irregularidades de todo tipo, cuando no para corruptelas que comprometen la viabilidad del sistema.
En cuanto a las grandes y medianas empresas, me parece esencial que en el seno de cada empresa funcionase una Comisión de Formación, en la que empresario y Representación Legal de los Trabajadores, deberían negociar las necesidades formativas y los planes anuales de formación.
Dejamos un tercer capítulo para la formación programada directamente desde la oferta estatal, en el marco de la Fundación tripartita de Formación para el Empleo.
