En las últimas semanas, más de 1.600 trabajadores de la confección han sido despedidos en Bangladesh y la policÃa ha presentado demandas contra 600 trabajadores y dirigentes sindicales, que se movilizaron desde finales de año para exigir un incremento salarial. Las organizaciones internacionales denuncian que el gobierno bangladeshà está aplicando la Ley de Poderes especiales de 1974, un decreto de emergencia que se habÃa introducido en tiempo de guerra. Todo y la represión, la primera ministra de Bangladesh se ha sumado a la élite mundial a Davos esta semana, diciendo a los lÃderes empresariales y a la comunidad internacional que reinan relaciones armoniosas en el sector de la confección de prendas de vestir al paÃs.
CCOO exige que los derechos fundamentales, entre los cuales se incluye el derecho de huelga, sean respetados aquà y en todo el mundo, y recuerda que, actualmente, al conjunto del Estado español hay alrededor de 300 sindicalistas pendientes de juicio y para los que se están pedido penas de prisión por su participación en las últimas huelgas generales.
El sector de la confección es esencial para la economÃa de Bangladesh, puesto que representa el 83% de las exportaciones y es el segundo mayor productor mundial de textiles y ropa de vestir, ocupando 4,5 millones de trabajadores, de los cuales el 80% son mujeres.
UNI e IndustriALL han estado a la vanguardia de la mejora de los derechos de los trabajadores y de la seguridad en este sector en Bangladesh, después del colapso de la fábrica Rana Plaza al 2013, que causó la muerte de más de 1.100 trabajadores y trabajadoras. Ambas federaciones internacionales impulsaron entonces el Acuerdo de Bangladesh, un acuerdo legalmente vinculando firmado por más de 200 marcas mundiales, para inspeccionar 1.600 fábricas de prendas de vestir por riesgos de incendio y seguridad. Más del 74% de los problemas de seguridad identificados a las 1.600 fábricas han sido notificadas o verificadas como solucionados.
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