Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro paÃs, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomÃa de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la polÃtica presupuestaria al servicio de los objetivos de la polÃtica general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurÃdica un factor económico de carácter netamente procÃclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economÃa no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las polÃticas sociales y la cooperación para el desarrollo.
Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno perÃodo de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince dÃas desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate polÃtico ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.
Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y lÃmite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y polÃtica que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.
Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanÃa exprese públicamente:
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Su rechazo a la reforma constitucional que se propone
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La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.
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La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum
Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanÃa y a las fuerzas polÃticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:
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Convocar concentraciones y manifestaciones los dÃas 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español
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Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos dÃas contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum
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Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas
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Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol
Madrid, 29 de agosto de 2011
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CCOO
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UGT
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USO
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Paz con Dignidad
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Consejo de la Juventud de España
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Sindicato de Estudiantes
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Paz Ahora
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Confederación Intersindical
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Habitáfrica
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Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE)
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Plataforma 2015 y +
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Asamblea de Cooperación por la Paz
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Socialismo 21
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Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
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Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción
