Las Cajas de Ahorro en la encrucijada: analisis de la modificación de la naturaleza jurídica.

Recientemente se aprobaba el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de Julio, de
órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.

La fecha de su aprobación (por época del año), el panorama financiero y la
deriva que había ido tomando el debate previo constituyen ya una clave a la
hora de acercarnos al contenido. A la vista del mismo sólo cabe una afirmación:
lo que hoy vemos es el inicio del proceso de privatización de las cajas de
ahorros.

El texto es una fiel transposición al ordenamiento jurídico español del llamado
modelo italiano, y se basa fundamentalmente en la separación orgánica y
hasta societaria de la obra social y el negocio bancario.

Con esto, ¿qué pretendemos decir? Sencillamente, la voluntad del gobierno ha
sido que la reordenación o reestructuración de las cajas conduzca a un modelo
en el que las cajas como las conocemos hasta ahora desaparezcan y su
naturaleza jurídica se modifique sustancialmente. Si de manera simplificada
podemos definir la actividad de una caja en dos vertientes (obra social y
negocio bancario), esta reforma mete el bisturí de tal manera que habría dos
organizaciones donde antes sólo había una caja. Así, la obra social quedaría
en manos de las cajas, reconvertidas ahora en fundaciones especiales,
que carecerían de autorización para actuar como entidades de crédito. El
negocio bancario, es decir, la actividad financiera de las cajas, pasaría a
estar gestionada por bancos bien creados al efecto, bien ya existentes,
participados (por la vía de adquisición de acciones) por aquellas
fundaciones. Los beneficios que las fundaciones obtuvieran de esas
participaciones sería lo que podrían destinar a la obra social, a diferencia de
como ocurre hasta ahora, que pueden dedicar los beneficios de la propia
actividad financiera.

En esta línea, las cajas, ahora fundaciones, podrían ir perdiendo peso de forma
progresiva en el capital de los bancos, ya fuera vendiendo sus acciones o, si
esto no fuera posible, por la vía de ampliaciones de capital de los bancos con
oferta pública de adquisición de acciones, lo que cada vez daría mayor cabida
a inversores privados.

Si la obra social de las cajas se dirige a garantizar el acceso al crédito a
colectivos sociales desprotegidos y a promover el desarrollo del entorno en el
que se encuentran enraizadas, cabe plantearse seriamente si estos fines
son compatibles con el modelo que surge tras la reforma.

Así las cosas, CCOO de Euskadi considera un error finiquitar la actual
naturaleza jurídica de las cajas, y más aún al albur del modelo propuesto
(impuesto) por el gobierno. La modificación supone el efectivo tiro de gracia a
un modelo único en Europa, que con sus virtudes y defectos ha contribuido en
gran medida a que tengamos uno de los menores índices de los estados de
nuestro ámbito en cuanto a dificultades de acceso al crédito entre la población.
Asimismo, es lamentable que reformas de este calado se hagan de espaldas a
la opinión pública y sin contar con la opinión de agentes sociales, como el
sindicato, que tengan en cuenta criterios y principios sociales por encima de la
simple obtención de beneficios económicos.

Y por último, hay que destacar que esta es una más del conjunto de medidas y
reformas (laboral, fiscal, medidas de ajuste) que ha venido imponiendo el
gobierno en esta legislatura y ponen en venta al gran capital amplias parcelas
del estado social, hasta el punto de hacer peligrar la propia existencia del
estado de bienestar en el medio plazo.

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