El 15 de junio de 2023, hemos tenido reunión con el inspector de trabajo y la empresa GADIS, por el incumplimiento de la empresa a la resolución del año 2021, “la inspección de trabajo además de sancionar a la empresa le obliga a cumplir la Ley y a aplicar las 48 horas de descanso a todas las personas trabajadoras de GADIS en Castilla y León”.

Hoy se ha celebrado el juicio en la Audiencia Nacional, sobre la ejecución del incumplimiento de lo pactado en el procedimiento de mediación y arbitraje del SIMA el pasado 14 de febrero, acerca del exceso de horas realizado sobre el Acuerdo de empresa y la entrega de documentación justificativa, por la denuncia interpuesta por la Sección Sindical de CCOO en Cualtis.

El día de hoy ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el texto acordado por la patronal CEX y los sindicatos CCOO y UGT del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center. Este convenio afecta a unas 110.000 personas que trabajan en el sector en todo el estado.

El 7 de junio, estaba fijada la celebración del juicio por la demanda presentada por Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), en la que solicitaba escindir el actual convenio y crear uno nuevo, que solamente afectase a las librerías.

CCOO resume en un comunicado información sobre la ENTRADA EN VIGOR NUEVAS BAJAS a partir de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su Disposición final tercera establece la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CCOO ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo, por el bloqueo que la empresa lleva a cabo en la mesa de negociación del Plan de Igualdad.

Información de interés sobre las retribuciones en especie por préstamos para el sector de Ahorro.

Cruz Roja debe aplicar condiciones dignas para todas las personas trabajadoras de la entidad, partiendo de los mínimos que marca la ley, como ya hacen cientos de entidades de intervención social con menos recursos.