La Constitución Española (1978), el Estatuto de los Trabajadores (1980) y posteriormente la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007), sentaron las bases legales para llegar a la igualdad de género, real y efectiva, en el ámbito laboral. Sin embargo, reformas laborales posteriores (2010, 2012), así como modificaciones institucionales en este ámbito de actuación (eliminación en 2010 del Ministerio de Igualdad creado en 2008), han provocado el mantenimiento e incluso agravamiento de actuaciones discriminatorias hacia las mujeres en el mercado de trabajo.
Pero esta discriminación no se produce solamente en el mercado de trabajo, sino que es consecuencia directa de un patrón social arcaico, pero aún vigente en la sociedad, en el que a pesar de los avances y la mayor sensibilización hacia la igualdad entre hombres y mujeres, todavía falta corresponsabilidad a la hora de encargarse de las responsabilidades familiares o del cuidado de las personas en situación de dependencia.
Los niveles de desigualdad que se están constando hoy en día tras la profunda crisis económica por la que ha atravesado la economía española en los últimos años, son consecuencia, entre otras razones, del funcionamiento de este mercado de trabajo injusto que discrimina laboralmente, entre otros colectivos, a las mujeres.
Una discriminación multifacética derivada del hecho de que ellas trabajan más frecuentemente a tiempo parcial que los hombres, porque la sociedad les exige a ellas dedicar más tiempo al cuidado de hijos y familiares; porque no consiguen romper el techo de cristal en las empresas, a pesar de los intentos normativos para pedir más transparencia en las políticas de remuneración; y también porque ellas trabajan en los sectores peor remunerados. Y aunque la crisis económica ha afectado a la destrucción de empleo sin distinciones de género, es evidente que el efecto negativo en el empleo femenino ha sido más notorio.
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