La reordenación del sistema financiero podría poner en juego la "vinculación con el territorio" que mantiene la entidad, una característica que se perdería con la conversión a banco, al igual que su "compromiso" con la obra social y cultural, ha explicado Otero en rueda de prensa.
Para la recapitalización, Caja España-Duero precisará de una inyección económica de mil millones de euros, un montante que ha despertado la "preocupación" del procurador leonesista, que en el Pleno de las Cortes autonómicas de mañana preguntará a Herrera por las fórmulas previstas para evitar la entrada de capital privado.
A la espera de que se concrete la reforma, el Grupo Mixto ofrecerá como alternativas que la Comunidad Autónoma, con cargo a su presupuesto, adquiera las cuotas participativas necesarias para recapitalizar la caja, que la entidad acuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la salida a la bolsa, mediante la creación de un banco filial y una fundación a modo de obra social, que supondría el inicio de una conversión.
Otero ha argumentado que si bien la primera de las alternativas "atenta un poco contra el déficit" de la Comunidad Autónoma, "igual no queda otra opción".
Por otro lado, en el Pleno de mañana Otero ha anunciado que tratará de garantizar que los aspectos pendientes en torno a la estación de San Glorio queden cerrados antes de que concluya la legislatura.
Para ello, buscará que en palabras de las consejeras de Medio Ambiente y Hacienda, María Jesús Ruiz y Pilar del Olmo, se ofrezcan fechas sobre la declaración de Interés Regional del Proyecto, para poder comenzar las obras, y la entrada de la Junta en el accionariado de la promotora Tres Provincias, respectivamente.
Finalmente, en la jornada del miércoles, los procuradores leonesistas presentarán una proposición no de ley para que se eleve la declaración institucional que en el pliego de licitación de los viajes del Club de los 60 se de prioridad a quienes tengan la posibilidad de operar en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, tal y como anunció el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cesar Antón, el año pasado.
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