El Juzgado de lo Social nº 1 de Santiago de Compostela ha dictado Sentencia el 12 de agosto de 2011 por la que se declara la existencia de cesión ilegal de trabajadores y despido improcedente de una compañera que prestaba servicios en la oficina que Tragsatec tiene alquilada en San Lázaro, Santiago de Compostela.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Santiago de Compostela ha dictado Sentencia el 12 de agosto de 2011 por la que se declara la existencia de cesión ilegal de trabajadores y despido improcedente de una compañera que prestaba servicios en la oficina que Tragsatec tiene alquilada en San Lázaro, Santiago de Compostela.

Aunque en la sentencia se reconoce que la demandante prestaba servicios en un centro laboral de la empresa que comparte con otros contratados de Tragsatec, en el que no presta servicios nadie de la administración pública y que los medios materiales y de producción son facilitados por Tragsatec; también se evidencia que la empresa sólo realiza, a través de un contratado, labores necesarias acerca de contratación, cotización y todos los efectos de índole administrativa necesarios, sin realizar ninguna labor de supervisión acerca del desarrollo de la encomienda, tal y como manifiesta el propio contratado en el juicio, que acude al centro de trabajo de forma solo ocasional.

Resalta que quien ejerce el poder de dirección sobre la demandante es una persona dependiente de la Xunta de Galicia (Jefe de Servicio), acreditado por la testifical y documental aportados durante el juicio, sin que Tragsatec realice ningún seguimiento y control del trabajo diario y habitual de la demandante.

De todo lo expuesto, dice la sentencia, se deduce con claridad que la auténtica organización empresarial y que actúa como tal es la Xunta de Galicia – Consellería de Medio Ambiente, por lo que existe una cesión ilegal de trabajadores.

Por todo lo anterior, concluye, se debe declarar también el fin de la relación laboral como un despido improcedente. La única entidad que tiene facultad para cesar la relación laboral es la Xunta de Galicia, donde radica el poder de dirección, y no Tragsatec.