La nueva causa económica (disminución de ingresos o ventas durante nueve meses) puede ser, actualmente, de aplicación en más del 90% de las empresas por lo que el despido objetivo con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades será, probablemente, la forma de extinción generalizada.
La supresión de la autorización administrativa y la individualización del absentismo, afectan gravemente a la protección y defensa de los derechos de los trabajadores y limitan muy seriamente su tutela judicial.
Las medidas aprobadas en esta reforma, lejos de favorecer la creación de empleo y la disminución del des- empleo existente, van a contribuir a un uso mayor de la extinción del contrato de trabajo como única herramienta para reducir costes empresariales y aumentan la amenaza de cambiar trabajadores con derechos por jóvenes en precario
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