Exigimos a los poderes públicos que actúen para garantizar el derecho colectivo a una vida sin violencia de género. Para ello, rectificar muchas de sus decisiones: garantizar una educación en igualdad (lo que no se consigue con la LOMCE); garantizar la financiación y puesta en marcha de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, en recursos en prevención de esta violencia, en la protección y atención integral a quienes la sufren; restituir y garantizar los servicios públicos de cuidado (infancia, dependencia...); revertir una reforma que ha aumentado la precarización laboral, apartando a más mujeres del empleo.
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