El Consejo de Administración de Caja Inmaculada está integrado por 16 Consejeros: 3 de la Comunidad Autónoma, 3 por las Corporaciones Municipales, 6 por los impositores, 3 de la Entidad Fundadora y 1 en representación de la Plantilla.
Le corresponden (entre otras) las siguientes facultades:
Definir las directrices básicas del plan de actuación y de los presupuestos anuales y aprobar los objetivos de la Entidad.
Efectuar el seguimiento periódico de los estados financieros de la Entidad y su comparación con los objetivos.
Formular las cuentas anuales y el informe de gestión.
Nombrar al Presidente, a uno o dos Vicepresidentes y al Secretario de dicho Consejo.
Nombrar y cesar al Director General y, a propuesta del Presidente o Director General, a los Directores Generales Adjuntos y a los Directores Adjuntos, así como a los Subdirectores, éstos últimos a propuesta del Director General.
Determinar y modificar, a propuesta del Director General, la estructura organizativa y la plantilla de la Entidad y ejercer la facultad disciplinaria en materia de personal.
Decidir, a propuesta del Director General, sobre la realización de toda clase de inversiones, operaciones económicas y financieras, incluido la constitución y participación, en cualquier modalidad, de sociedades y personas jurídicas, cuando superen los límites cuantitativos que el propio Consejo determine.
La Comisión de Control tiene por objeto cuidar de que la gestión, del Consejo de Administración y de los Comités Ejecutivos, se adecue a las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General, y a las directrices emanadas de la normativa financiera.
Está constituida por 6 miembros, 2 representantes de los impositores y 1 por cada una de las siguientes partes: Comunidad Autónoma, Corporaciones Municipales, Entidad Fundadora y la Plantilla.
Entre otras, sus funciones son:
Analizar la gestión económica y financiera de la Entidad.
Estudiar la censura de cuentas que resuma la gestión del ejercicio y la consiguiente elevación, a la Asamblea General, del informe que refleje el examen realizado.
Vigilar el cumplimiento de las inversiones y gastos previstos.
Proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos del Consejo de Administración de la Entidad, cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan, injusta y gravemente, a la situación patrimonial, a los resultados o al crédito de la Caja o sus clientes.
En los próximos meses, los órganos de Gobierno de CAI van a tener que decidir cuestiones de vital importancia para todos. La plantilla necesitamos una voz comprometida y un voto independiente que solo garantiza el respaldo de la mayor y mejor organización sindical del país: vota a Javier Lacueva, José Antonio Cabetas y Miguel Ángel Villalba.
