El viernes 28 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley del Patrimonio Sindical acumulado, que posteriormente, el 24 de noviembre convalidó el Congreso de los Diputados, dando luz verde a una subvención a UGT de 150 millones de euros “en concepto de reparación del patrimonio sindical histórico”. La singularidad de la operación reside en la imposibilidad, reconocida por el Gobierno, de demostrar que el patrimonio que se devuelve pertenece realmente a la organización que lo reclama. Un pequeño problema que ha llevado a CC.OO. a emprender un proceso de denuncia pública y de iniciativas institucionales para reclamar el derecho a la libre concurrencia sindical en condiciones de igualdad y sin injerencias de los poderes públicos.