Es fundamental que desde las primeras etapas del sistema educativo se enseñe que los impuestos son “el precio” de los servicios públicos y que cumplen una función redistributiva, y que “quien defrauda, defrauda a todos”.

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Gestha considera que la propuesta de los inspectores supondría un aliciente para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde actualmente hay tres.