La comisión mixta encargada de resolver el proceso de fusión entre Caja Duero y Caja España se reúne mañana por la tarde, con el objetivo de cerrar el proceso y que en unos días pueda procederse a la firma ante notario del protocolo de unión de ambas entidades de ahorro en una única caja, la mayor por cifra de activos de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Aunque no me crean, les aseguro que me había propuesto no escribir más sobre las desventuras de nuestras cajas de ahorro. Como todos los culebrones, este empezaba a ser bastante cansino, y además no pensé que los guionistas fueran capaces de superar las cotas de obscenidad política alcanzadas por el serial. Pero me olvidé de que la realidad supera la ficción y sobre todo de la inexorable Ley de Murphy, implacable en el caso que nos ocupa.

Enzarzada en una maraña política que amenaza incluso la estabilidad de la propia fusión, Caja España y Caja Duero siguen a la 'caza y captura' de un presidente, para cuyo consenso por el momento no se dan las "condiciones adecuadas".

No te quites del teléfono”, me dice a todas horas una voz en mi cerebro que me resulta extraña y familiar a un tiempo. Y yo no me quito del teléfono. Desde que en el enésimo capítulo del culebrón ‘Caja España y Caja Duero: fusión de gavilanes’ me enteré de los enojos, amores y desamores entre consejeros por encontrar un presidente para la nueva caja, no hago otra cosa que ofrecerme.

La entidad que juntará los negocios de Caja España y Caja Duero nacerá sin presidente y no podrá crear uno de sus principales órganos de dirección, la comisión ejecutiva encargada del día a día de la fusión. El decreto ley de la Junta ratificado de forma unánime por las Cortes de Castilla y León impedirá la formación de esta comisión dentro del consejo de administración de la caja fusionada. El decreto establece las incompatibilidades que afectarán a los miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro en la comunidad. No podrán integrarse como vocales políticos electos en activo personas con negocios directamente relacionados con estas entidades o que tengan en ellas buena parte de sus créditos.

Caja España pasó por un consejo improductivo. Tenso. Poco más allá de dar cuenta del coste de dos informes jurídicos encargados a consultoras externas para lograr una interpretación sobre cómo afecta la nueva ley de cajas al comité ejecutivo de la entidad y las incompatibilidades. La caja tendrá que desembolsarse en torno a 7.000 euros para hacer frente a la factura de las dos consultorías externas. La de KPMG llega a 3.600 euros; la de Garrigues, con una cifra aproximada, según se informó a los consejeros. Informes pedidos para justificar a Santos Llamas que no son vinculantes y que no van a tener ninguna aplicación ni incidencia sobre la gestión futura de la entidad, ni la que derive de sus fusión en ciernes con Caja Duero. Los informes de los que se dio cuenta al consejo concluyen que las incompatibilidades afectan a todo el comité ejecutivo de la caja.

Tras la renuncia del empresario Santos Llamas a optar a la presidencia de la fusionada Caja España-Caja Duero, la nueva entidad financiera está lejos aún de contar con un candidato de consenso que desbloquee definitivamente la última fase de la fusión. Esta semana se han reunido los líderes políticos populares y socialistas al más alto nivel: Herrera, López, Carrasco y Fernández. La reunión terminó sin acuerdo. Serán necesarias nuevas cumbres para buscar al presidente más idóneo. Como solución transitoria se baraja la posibilidad de que el consejero de más edad, un religioso de Caja Duero, ocupe la presidencia hasta que los políticos lleguen a un acuerdo.

Los informes jurídicos encargados por Caja España para determinar las incompatibilidades marcadas por la modificación de la Ley de Cajas de Castilla y León concluyen que éstas afectan, no sólo a la Presidencia, sino también a los nuevos vocales de la Comisión Ejecutiva de la Caja fusionada.