Sería la primera vez en el que el sector no logra un acuerdo entre ambas partes y que siempre ha servido para evitar la conflictividad en uno de los grupos de entidades más delicados y susceptibles del tejido empresarial del país.
Bruselas quiere extender la reforma laboral también a los despidos en la banca, sobre todo si la firma en cuestión cuenta con capital público. Este es el mensaje que está lanzando en estos días el Banco de España a las entidades financieras cuando presentan sus planes de viabilidad para recibir ayudas públicas, y que incluyen nuevos y duros ajustes de plantilla y oficinas. Pero sus principales destinatarias son las entidades nacionalizadas -Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia, Banco de Valencia y ahora Banco Gallego, cuya venta depende ahora del FROB-.
Bruselas, y por extensión la troika (la UE, el FMI y el BCE) exigen a estas entidades que se olviden de realizar ajustes de plantilla con despidos con indemnizaciones muy por encima de las que recibe el resto de los trabajadores de otros sectores. La razón es no solo ña crisis de la economía española en general y de la banca en particular, sino también el hecho de las ayudas que recibirán de Europa y que rondarán los 40.000 millones de euros, según cálculos del Gobierno.
Reclaman que se aplique estrictamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno en febrero pasado, lo que supone que impere las salidas de personal con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.
Los sindicatos han recibido el mismo mensaje directamente desde Bruselas, donde el pasado 19 de este mes se celebró una reunión del Diálogo Social Sectorial de Banca, al que asistieron los sindicatos europeos del sector, las tres patronales -de bancos, cajas y cooperativas- y que contó con la presencia del representante de la Comisión Europea Vladimir Zuberec.
Los sindicatos consideran que esta medida supone una exclusión de la negociación colectiva. El convenio colectivo de las cajas se aprobó en marzo, aunque prácticamente nació condenado a morir rápidamente tras la fuerte reestructuración que está sufriendo el sector. El rechazo a esta imposición es secundada por una parte de las entidades, que mantienen que esta exigiencia puede provocar conflictos labores en un momento muy delicado para el sector.
El último proceso de ajuste aprobado ha sido el de Unnim, entidad catalana absorbida por BBVA. La indemnización media que recibirán las 1.169 salidas pactadas será de 35 días por año trabajado más una prima adicional equiparable a un mes extra de salario por cada trienio en la empresa. Quedan definitivamente entrerrados las indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades.
Los primeros en aplicar la reforma laboral en la banca pueden ser los empleados de Bankia y de Novagalicia. Ambas entidades tienen muy avanzados sus planes de recapitalización, y pese a haber reducido considerablemente su plantilla y red desde su creación, deben someterse aún a fuertes ajustes.
COMFIA-CCOO RECHAZA APLICAR INDEMNIZACIONES DE 20 DÍAS EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Comfia-CCOO ha advertido este jueves que rechaza la "supuesta" exigencia de Bruselas de aplicar indemnizaciones de 20 días en la reestructuración del sistema financiero, al tiempo que reivindica la negociación colectiva en el sector.
En un comunicado, el sindicato pide un plan de empleo integral "para que no cargue más la factura del desempleo" y exige que el Gobierno de España "se implique en la solución", porque cree que de lo contrario el conflicto social "está servido".
Subrayan que tanto el Gobierno central como el Banco de España están utilizando "el burladero de Bruselas para exigir que el sector de la banca española aplique 'a cuchillo' la reforma laboral, sobre todo en las entidades nacionalizadas o que hayan recibido ayudas públicas".
En este sentido, destacan que la medida implicaría que los despidos se realizasen con una indemnización de 20 días por año. Así, el sindicato mantiene que seguirá exigiendo la salida "no traumática de las plantillas y soluciones que no agraven más el drama del desempleo".
POSIBLES CONFLICTOS LABORALES.
También entiende que la aplicación unilateral de esta medida y la "marginación" de la negociación colectiva provocarán conflictos laborales "en un momento crítico para el sector y se llevarían definitivamente por delante la reputación de las entidades financieras".
Comfia advierte al Gobierno de que debe centrarse en que la reestructuración garantice la recirculación del crédito para pymes y familias, "por lo que debe rectificar y alinear la legislación aprobada durante este año en materia de provisiones, porque es contradictoria".
Asimismo, reclaman el restablecimiento de la confianza de los depositantes "solucionando el problema social en que se han convertido las participaciones preferentes".
El sindicato ha avanzado que seguirá proponiendo un plan integral que incluya políticas activas de empleo, complementarias a las derivadas de la reestructuración del sector.
