CCOO y UGT han iniciado una ronda de entrevistas con los distintos grupos parlamentarios para trasladarles su preocupación e inquietudes ante el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual.
El día 29 de abril se reunieron
por separado, con los diputados que ostentan la portavocía en la
Comisión de Cultura del grupo socialista, popular y de la izquierda
plural. La delegación sindical estaba encabezada por los Secretarios de
Relaciones Instituciones de ambos sindicatos, José Campos y Federic
Moret
En el transcurso de las tres reuniones, los sindicatos
manifestaron su rechazo aspectos tales como las funciones y el papel
que, si no se modifica la Ley, tendrá la Comisión de Propiedad
Intelectual, que consideran como un instrumento cuyo único fin es la
exclusión del ámbito jurisdiccional de los conflictos generados por la
colisión de derechos de igual o análogo rango.
Para los
sindicatos la Ley debe resolver problemas y no generar nuevos En la
norma propuesta es especialmente rechazable la nueva delimitación de la
copia privada y la adopción de un sistema de remuneración equitativa
inédito en Europa- con cargo a los Presupuestos Generales de Estado (se
institucionaliza el famoso canon digital), obligando de forma universal
al pago de un canon en concepto de compensación por copia privada.
Con
la reforma se determina la anulación de la copia privada tal y como
ahora la entendemos, a pesar de que todos los ciudadanos (usuarios o no)
pagan a priori. Este controvertido sistema seguirá adelante, a pesar de
que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado
recientemente un Informe que afirma que el sistema de canon sigue
siendo la mejor opción tanto para los creadores como para los
consumidores.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia Europeo en
el asunto C-466/12 ha señalado que la Directiva 2001/29/CE debe
interpretarse en el sentido de que no constituye un acto de comunicación
al público, la presentación en una página de Internet de enlaces que
conducen a obras que pueden consultarse libremente en otras páginas.
Ambos
sindicatos considera que con esta ley se establece una normativa de
las más restrictivas en la Unión Europea, y que endurece las sanciones,
criminaliza los enlaces y conduce a la ilegalidad a millones de
ciudadanos/usuarios.
