La Sociedad civil en defensa de las Cajas de Ahorros


Solicitamos al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 2/2011 y hacemos un llamamiento para mantener el carácter social de las Cajas.

El Real Decreto (RD) Ley 2/2011, convalidado el 10 de marzo por el Congreso de los Diputados, tiene por objeto principal establecer nuevas exigencias para forzar la conversión acelerada de las Cajas de Ahorros en Bancos. No puede entenderse de otra forma la reclamación de aumentar su capital básico al 10% frente a la exigencia del 8% para los Bancos.

Las medidas del RD provocan incertidumbre sobre todo el sector independientemente de los niveles de solvencia, provocando un proceso de debilidad inducida de manera discrecional, del que es únicamente responsable el Gobierno. Las mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea III no llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto que restringir aún más el crédito circulante y el recorte de los fondos destinados a la obra social. 

Corresponde al Bco. España dictar las normas para la valoración de los activos y vigilar su cumplimiento en las entidades, pero los déficits observados no pueden resolverse con nuevas normas que dificultan el crecimiento económico y amenazan la viabilidad de las cajas. Claramente el objetivo es terminar con el modelo social que representan las Cajas de Ahorro, aprovechando las dificultades que atraviesan algunas, en lugar de pedir las responsabilidades correspondientes. Esta cruzada cuenta con la activa participación de quienes ven a las Cajas como una anomalía del sistema financiero.

Las Cajas han sido el único modelo de ejercicio de la actividad financiera que ha permitido la participación de la sociedad en sus órganos de gobierno, y cuyo carácter social ha posibilitado orientar el negocio bancario situándolo al lado de la ciudadanía, de las familias, de las pymes y de la creación de empleo, garantizando un mercado financiero más plural y evitando la concentración oligopólica de la gran banca. A través de la Obra Social, han contribuido a apoyar al tejido asociativo, a generar empleo, a la investigación y la educación, a la defensa del medio ambiente, la cultura y la acción social, contribuyendo a garantizar la integración de las personas y de los territorios y revirtiendo parcialmente a la sociedad.

La liquidación de las Cajas sería la gran desamortización del siglo XXI: la mitad de las entidades financieras, que son de la sociedad, pasaría a ser de unos pocos; desaparecerá el dividendo social y los sistemas de inclusión financiera para colectivos que no son de interés comercial para los bancos; y se reforzará el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo.

En las Cajas de Ahorros trabajan 120.000 personas y las obras sociales dan empleo a más de 40.000 personas y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Los proyectos sociales son garantía para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. En esta fase de cambios se está dejando deliberadamente fuera la voz de la sociedad civil organizada. Es preciso un diálogo con los representantes de los impositores, trabajadores y entidades sociales.

Exigimos que se impulsen todos los mecanismos para que los gestores de las cajas que hayan incurrido en mala gestión asuman sus responsabilidades, a la vez que reclamamos que se permita dar continuidad a las actividades financieras desde la lógica y los criterios que son propios de las Cajas de Ahorros.

Consideramos al RD 2/2011 más como parte del problema que de las soluciones y apreciamos en él importantes elementos de inconstitucionalidad, ya que se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, que es la propietaria de las Cajas.

Solicitamos al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad, asumiendo la defensa de los derechos de la ciudadanía ante lo que sería la mayor trasferencia de recursos económicos desde el conjunto de la sociedad a manos privadas de nuestra historia reciente.

 

29 de abril de 2011

 

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