Hasta el año 2003 las participaciones preferentes se comercializaban a través de sociedades instrumentales, habitualmente radicadas en paraísos fiscales, y, salvo excepciones, eran suscritas por inversores institucionales. A partir de ese año, estos instrumentos híbridos deuda-capital se legislan en España y comienzan a comercializarse a clientes minoristas, lo cual coincide con el incremento del endeudamiento privado de la economía española.
Resolución sobre el problema de los embargos de viviendas y los desahucios, el derecho de acceso a la vivienda y el necesario cambio de la ley hipotecaria.
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