La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿quién se beneficia realmente del modelo turístico? ¿A quien representa la clase política cuando prioriza la construcción de nuevos complejos hoteleros frente a la protección de ecosistemas o el derecho constitucional a la vivienda?

Agotada la vía del diálogo y tras un acto de mediación sin voluntad de la parte empresarial de dar solución, a las personas trabajadoras no les queda otra salida para  defender sus derechos