El programa de estabilidad que envió el Gobierno español a Bruselas es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo. Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador, esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo, hasta 2015.

La Organización Internacional del Trabajo cree que la crisis ha causado mucho impacto en el mercado laboral, pero advierte de que es la austeridad lo que pone en peligro su futuro. En su último informe, Trabajo en el Mundo 2012, señala que en hay un déficit global de 50 millones de empleos en comparación a la situación anterior a la crisis. “Es poco probable que durante los próximos dos años la economía crezca a un ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo”, advierte. Añade que la obsesión por atajar el déficit de los Gobiernos, especialmente en Europa, está dañando el crecimiento, un efecto que la OIT bautiza como “la trampa de la austeridad”.

El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.